MEDIOS INFORMATIVOS DE CDMX, PREOCUPADOS
POR FIN DE MINA DE ORO QUE REPRESENTÓ EL GEM
MAXIMILIANO CASTILLO R.
La extraordinaria periodista de investigación, Teresa Montaño, detectó hace unos años el contratismo del Poder Ejecutivo mexiquense. En ese tiempo ya tenía prestigio por su alta calificación profesional, independencia y honestidad. Había laborado en diarios importantes, locales y nacionales, pertenece a un no muy amplio grupo de profesionales del periodismo con esas características, del cual forman parte Claudia Hidalgo, Violeta Huerta y algunas y algunos colegas más.
La información recabada quiso difundirla en el diario de circulación nacional en que trabajaba, pero no se la publicaron. Decidió darla a conocer en su propia plataforma digital. El material hablaba del gran negocio que representaba la renta de vehículos a la administración estatal.
Poco después la informadora profesional fue despedida, no por irresponsable, ni por deficiente, o por no trabajar, sino porque sin darse cuenta, difundió amplia información respecto de una empresa arrendadora de vehículos al Poder Ejecutivo, que también era propiedad del dueño del periódico en donde trabajaba.
Montaño evidenció el gran negocio que representaba el tráfico de influencia en favor de empresas particulares, sustentado en los medios informativos, utilizados como instrumento de presión o franco chantaje, para la obtención de contratos desventajosos para el interés general de los mexiquense.
Este hecho es sólo un botón de muestras de cómo los grandes medios informativos, como lo hemos comentado desde hace años, formaban parte del mecanismo de saqueo de fondos públicos federales y apropiación de bienes de la nación, incluyendo los decomisados a la delincuencia organizada. Esos negocios ilegítimos o claramente delictivos llegaron a su fin con el arribo de Morena a la presidencia de la República, el primero de diciembre del 2018.
No obstante, estos vínculos comerciales, además de los altos montos de los contratos de publicidad, se mantuvieron con los gobiernos estatales, que financiaron la campaña de desprestigio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, Morena y la cuarta transformación. Los pagos permitieron a las empresas propietarias de medios informativos de alcance nacional compensar en mucho lo que dejaron de saquear del erario federal.
Los gobiernos estatales del PRI, PAN y PRD permitieron a las compañías de medios informativos impresos y electrónicos obtener altos ingresos, pero esos partidos fueron perdiendo gubernaturas, que en el caso del PRI, a partir de la segunda mitad del año sólo contará con su participación en los poderes ejecutivos de Durango y Coahuila, compartidos con el PAN y el PRD. Y entre los tres partidos sólo tendrán en sus manos 7 estados.
Las derrotas de las formaciones partidistas opositoras al mandatario federal se tradujeron en pérdidas económicas para los dueños de los medios informativos, pero su reducción de ingresos crecerá por la pérdida del Estado de México, por parte del PRI. Ya no tendrán los pagos de altos montos por publicidad, pero tampoco existirá el mecanismo de saqueo citado, de ahí su preocupación por el futuro de sus negocios y ganancias provenientes del mayor presupuesto estatal del país.
