*Hay corrupción en IP y en el sector social también. *Combatirla donde se presente.
De la redacción
“No podemos cruzarnos de brazos ante el fenómeno de la corrupción”, advirtió Victorino Barrios Dávalos, ex contralor del Poder Legislativo y actual titular del Órgano Interno de Control de la UAEMéx, al tratar el tema con “El Espectador”. “Todo servidor público debe saber que los actos de corrupción pueden costarle la pérdida de su libertad, patrimonio, credibilidad y prestigio”, advirtió.
Ante la próxima administración estatal, que encabezará Delfina Gómez Álvarez, la primera no priista en la historia de la entidad mexiquense, Barrios Dávalos sostuvo que prevenir, erradicar y castigar la corrupción resulta urgente, para lo cual debe combinarse el control interno y el externo, así como acciones penales, como obligación institucional, pero también para desalentar los actos de corrupción. Esto debe incluir a los sectores privado y social cuando participen y se beneficien de la corrupción y de los daños al patrimonio público, especificó.
Quien tenga tentación de enriquecerse mediante la corrupción, no la hará si sabe que terminará en la cárcel, perderá su patrimonio, cargo y quedará desprestigiado, “sin importar quién lo haya recomendado para incorporarse al gobierno”, abundó Barrios Dávalos. Debe erradicarse el tráfico de influencia, la extorsión y el cohecho, con la revisión con lupa del gasto programable y no programable, sin “cacería de brujas”, pero sin contemplación. Y debe recuperarse lo robado.
Aseveró que para que la lucha contra la corrupción sea eficaz será indispensable efectuar una reingeniería constitucional-administrativa. Y alertó en el sentido de que sin esa reforma demorará más llevar a cabo la cuarta transformación en el Estado de México.
Barrios Dávalos preparó un trabajo para un foro sobre el tema de la lucha anticorrupción, en el que consideró necesario demostrar en poco tiempo, con hechos, que se superó lo que arraigó en el imaginario colectivo: ser servidor público es igual a ser ladrón, porque ser servidor público llegó a ser sinónimo de alguien falto de ética, de responsabilidad. Es indispensable desterrar las razones por las que se piensa así de los funcionarios, destacó.
Propuso aplicar con rigor la Ley de Responsabilidades Administrativas, desde las faltas graves hasta las no graves, y el Código Penal donde las irregularidades constituyan delitos, además de imbuir la ética del servidor público, para que se convenza, al igual que los proveedores y contratistas del gobierno de que ser honesto también es negocio, y ser corrupto es delito que será castigado con severidad.
Otra recomendación de quien está considerado el servidor público más combativo contra la corrupción fue la de crear una oficina de ética gubernamental, establecer la plataforma digital en la que se inscriban y aparezcan todos los servidores públicos sancionados, como un instrumento de consulta de fácil acceso y uso obligatorio en las contrataciones en cualquier ente público.
El ex contralor del Poder Legislativo y actual titular del Órgano Interno de Control de la UAEMéx señaló que deben aplicarse los controles internos y externos al ejercicio del gasto y al comportamiento de los servidores públicos, y que no debe olvidarse que las faltas administrativas pueden ser sancionadas durante 3 años; y los daños al patrimonio púbico, 7 años, y debe castigarse al más humilde hasta el servidor público más encumbrado, sin importar a qué partido y administración pertenezcan.
El servidor público, subrayó Barrios Dávalos, debe ser íntegro, y antes de la entrega de un nombramiento deben efectuarse análisis psicológicos, revisar perfil y méritos e incluir el tema de deudor alimentario y examen de confianza. Citó a Max Weber para sostener que el servidor público debe saber que si hace mal u omite sus funciones, tendrá sanciones.
