*Además, del Mazo Maza no resolvió el reclamo de dinero que hace OHL-Aleática.
GABRIEL L. VILLALTA
(Primera parte)
Los proyectos de prestación de servicios (PPS) y la asociación público-privada (APP), constituyen mecanismos de saqueo al erario, y fueron creadas con el objetivo de ocultar esta realidad, y para no presentarlos como deuda pública.
Ambas figuras legales tienen en común, sean para obras públicas o servicios, ser ejecutadas con inversión privada, y después cobradas a los gobiernos como renta anual. Y jurídicamente no son registradas como deuda, pero lo son, de acuerdo con un análisis de “El Espectador”.
Al finalizar los contratos, los montos pagados representan 10, 15 o más veces el monto de lo invertido por las empresas privadas, y el dinero cubierto se obtiene de los ingresos públicos, como el que se destina a pagar las deudas públicas.
En el caso del Estado de México las autoridades salientes dejan montos multimillonarios por pagar por PPS y APP vigentes, por ello los requerimientos financieros necesarios para hacer frente a estos compromisos suman mucho más que los 58 mil 137 millones de pesos reconocidos como deuda pública.
El tema del pasivo del gobierno estatal fue puesto sobre la mesa por la diputada local María del Carmen de la Rosa, pero se refirió exclusivamente a la suma consignada con el nombre de deuda pública, y no incluye lo que debe pagarse por la rehabilitación, mantenimiento y conservación de caminos, y que tan sólo por las carreteras del sur estatal superará los 15 mil millones de pesos.
Hay otros compromisos por cumplir por este concepto, con la agravante de que las compañías contratadas cobran, pero no hacen su trabajo, ante la permisibilidad del gobierno, quien inclusive llega a corregir con sus propios medios trabajos de mantenimiento y conservación mal hechos o, de plano, no realizados por los particulares, que de todos modos los cobran.
También se tienen deudas (aunque no se reconozcan como tales) por un hospital de especialidades que opera en Zumpango, y hasta el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco se construyó con la figura de PPS. Y no hay información sobre el monto global de la deuda (aunque se niegue que lo sea) representada por todos los PPS y las APP, a pesar de que suman decenas de miles de millones de pesos.
Estos requerimientos de fondos públicos, junto con el monto de la deuda pública reconocida como tal, deben superar los 90 mil millones de pesos, aunque esa parte correspondiente a PPS y APP se oculta y disfraza para no registrarse como pasivo, cuando su pago proviene del presupuesto, que se merma con esta sangría, verdadero mecanismo legal para el saqueo de fondos públicos.
Está, adicionalmente, el absurdo reclamo de un compromiso de pago planteado por OHL, hoy Aleatica, por concepto de garantía de inversión y rendimientos de las concesiones del Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Elevado Bicentenario. Esa obligación no estuvo en los títulos de concesión, pero la empresa española aduce que se incorporó en un convenio modificatorio, e indebidamente reporta el monto de más de 60 mil millones de pesos en sus estados financieros, como ingresos futuros garantizados por el gobierno estatal, sin que éste aclare la situación.
