DEUDA PÚBLICA, PROBLEMA
GENERADO SIN REAL NECESIDAD
EPN, EAV Y AMM RECIBIERON DE RÍOS DE DINERO, Y
ENDEUDARON AL EDOMÉX: CONTRATARON PPS Y APP
Con relación al número de mexiquenses, debe aclararse, la deuda pública estatal, inferior a los 60 mil millones de pesos, no es exagerada. No obstante, el monto manejado y reconocido como pasivo no es el total de los requerimientos de fondos públicos para hacer frente también a las otras modalidades de endeudamiento: los proyectos de prestación de servicios (PPS) y las asociaciones pública-privadas (APP).
Estas figuras legales constituyen mecanismo destinados al saqueo de fondos públicos, porque las sumas cobradas por los particulares por sus obras públicas o servicios prestados representan diez o más veces lo invertido, en detrimento de las finanzas públicas. Estas operaciones son presentadas y justificadas por las autoridades estatales con el argumento de que no necesitan distraer fondos públicos de inmediato y la sociedad recibe beneficios en menor tiempo.
Un análisis riguroso evidencia la falsedad de este razonamiento, porque además de que estas obras o servicios pueden construirlas y prestarlos las autoridades como obligación y con fondos públicos, en el caso del Estado de México se contrataron con particulares en una época cuando el gobierno mexiquense recibió ríos de dinero, adicionales a los previstos en las leyes anuales de Ingresos, autorizadas por el Poder Legislativo.
Las autoridades dispusieron de dinero extra por decenas de miles de millones de pesos cada año, y en estricto rigor no tuvieron necesidad de contratar deuda, ni recurrir a particulares para que construyeran obras públicas o prestaran servicios, cobrando hasta 20 veces el monto de la inversión hecha en cada caso.
Como ejemplo está el comportamiento de los ingresos ordinarios estatales del año pasado: los adicionales, no esperados, casi como caídos del cielo, superaron los 25 mil millones de pesos, suficientes para costear la construcción de 25 obras públicas de mil millones de pesos cada una, adicionales a las planeadas, programas y ejecutadas con los fondos ordinarios.
Nadie conoce el destino de esos recursos, que se convirtieron en presupuestales y de libre disposición del Poder Ejecutivo. La comunidad estatal no ve por lado alguno esas obras, porque los fondos de más no se invirtieron en proyectos de infraestructura para el desarrollo y servicios públicos de calidad para la población.
Las autoridades salientes, aquí lo hemos sostenido desde hace más de 4 años, no sólo ahora que el sexenio está por terminar, no quisieron servirle a la comunidad mexiquense, porque no invirtieron en su beneficio directo, ni en el indirecto que pudo representar el gasto en infraestructura para el desarrollo; es decir, para atraer inversiones, generar empleos y derrama económica en el territorio estatal; en cambio, benefició, como lo hicieron los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas, a empresas particulares con contratos de PPS y APP.
Con los fondos públicos adicionales a los esperados en las leyes anuales de Ingresos no se necesitaba ni contratar deuda, ni recurrir a estas figuras que constituyen legalizados saqueos de fondos públicos, que deben pagarse con descomunales sobreprecios. Con los ingresos adicionales recibidos en los tres sexenios pudieron financiar la construcción de más de 500 obras públicas de mil millones de pesos cada una.
Nadie sabe en dónde quedaron esos ríos de dinero no previstos. Lo que se sí sabe es que el pago del servicio de la deuda pública reconocida como tal y de los montos anuales por los PPS y APP los tendrá los tendrá que pagar la próxima gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, lo que reducirá sus márgenes de manejo financiero y presupuestal, lo que al parecer a nadie preocupa.
