*Resistencia de diputados a que Toluca pague deuda con 20 mil metros cuadrados.
De la redacción
Los gobiernos municipales están mermando el patrimonio público de sus demarcaciones al desincorporar y enajenar, con autorización legislativa, predios y entregarlos a empresas como pago de deuda. Toluca es ejemplo de ello, pero diputados se oponen a que pierda patrimonio inmueble.
Utilizan este mecanismo para pagar deudas, adquiridas por mala o falta de planeación del ejercicio del gasto anual de los ayuntamientos, advirtió la diputada local Anaís Burgos, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Estatal y Municipal de la Legislatura Local.
La representante popular consideró indispensable que los presidentes o presidentas municipales comparezcan ante el Poder Legislativo cada vez que soliciten autorización para desincorporar inmuebles y transmitir su dominio en favor de instituciones o de particulares, para expliquen y justifiquen sus decisiones.
Comentó de esta forma la iniciativa de decreto presentada por el gobernador Alfredo del Mazo Maza para que se autorice al ayuntamiento de Toluca transferir a una persona un extenso terreno, en pago de un adeudo y por mandamiento judicial.
Este caso fue polémico, porque el predio de casi 20 mil metros cuadros, de alto valor comercial, por ubicarse en la región del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), comenzó por un adeudo de aproximadamente 5 millones de pesos, por obras de reacondicionamiento de una unidad deportiva, sobre las que existe sospecha de que no fueron ejecutadas, pero se reconoció la deuda.
Los trabajos los habría ejecutado la compañía “Diseño y Construcciones Hermosa Provincia S. A. de C. V”, pero en su momento el alcalde Fernando Zamora Morales declaró a “El Espectador” que las obras ni siquiera se hicieron, pero que por complicidad y corrupción de funcionarios municipales, facturaron el importe y se reconoció oficialmente la deuda, que al no cubrirse en tiempo, creció hasta sumar casi 19 millones de pesos por la acumulación de intereses y multas.
Hace unos 5 años los acreedores trataron inclusive de embargar el Jardín Botánico Cosmovitral, por presuntamente formar parte de la garantía que ofreció el ayuntamiento de María Elena BarreraTapia, lo cual fue rechazado, porque el conocido sitio no forma parte del patrimonio inmueble del ayuntamiento toluqueño, sino que es propiedad pública del gobierno del Estado.
El problema llegó a los tribunales, y la empresa cedió los derechos litigiosos a Martha Facundo Hernández, quien obtuvo un fallo favorable del juzgado séptimo en materia mercantil del distrito judicial de Toluca, dependiente del Poder Judicial de la entidad. En su momento el predio en cuestión fue valuado en más de 70 millones de pesos, y la suma no cubierta inicialmente era de cinco millones.
