*Hay cien denuncias y 19 detenidos por corrupción, pero las observaciones no equivalen a delitos.
De la redacción
El monto de anomalías detectadas en revisiones del ejercicio presupuestal de 2019 y 2020 en Segalmex, Diconsa y Liconsa asciende a 9 mil 500 millones de pesos, no a más de 15 mil millones de pesos, como lo difunde la oposición y los medios informativos. Y las observaciones no son sinónimo de daño patrimonial, explicó el secretario de la Función Pública, Roberto Saucedo Aquino, quien dio a conocer también que las denuncias por estos casos suman cien.
Los casos en donde se detectaron delitos han sido denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), tanto contra funcionarios públicos, como contra empresarios o sus representantes legales y contra personas que se beneficiaron de los daños al patrimonio público. Por razones del debido proceso, no se dio a conocer un solo nombre de los presuntos corruptos.
Existen ya 26 órdenes de aprehensión cumplidas, con 19 funcionarios públicos de los citados organismos y particulares vinculados a proceso por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido de funciones y responsabilidades públicas, además de que se integran 37 expedientes más. Uno de los principales presuntos culpables de la corrupción fue detenido en Argentina y se gestiona su extradición.
Los organismos involucrados están en proceso de solventacion de las observaciones y tienen hasta el mes de octubre para atender estos requerimientos. Después de ese plazo, lo que no se solvente será turnado al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), si se trata de irregularidades administrativas graves; y se denunciarán ante la FGR, si se trata de presuntos delitos.
Hasta ahora las investigaciones son sobre 4 mil 500 millones de pesos, lo que no quiere decir que se trate de daños patrimoniales por esa suma, pues eso se determinará cuando terminen las investigaciones y lo resuelvan las autoridades penales jurisdiccionales.
Saucedo Aquino fue insistente en el sentido de que los montos que se manejan en los medios informativos y la oposición no representan daños patrimoniales por esas sumas, sino que es el gasto que debe solventarse, por lo que es incorrecto difundir que se detectó un fraude por tantos miles de millones de pesos.
Entre los acusados figuran también personas ajenas a la administración pública y a las empresas particulares involucradas en el problema, pero que recibieron el dinero sustraído; es decir, que fueron prestanombres para ocultar los fondos.
Hay un caso terminado y con detenidos: fue el de los 800 millones de pesos invertidos en el mercado accionario, lo cual está prohibido. Además, compraron títulos basuras; es decir, que no valían, por lo que el dinero se perdió, pero está recuperándose. Las acciones penales incluyen a directivos de la empresa bursátil.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su compromiso de no permitir la corrupción, ni la impunidad, y que este es el primer caso, de cuyas investigaciones se informará con oportunidad y transparencia.
