*Un solo caso de desaparición forzada de persona sería grave, pero son miles.
De la redacción
La desaparición forzada de personas en México es grave, y sería preocupante aunque se tratara de un caso, pero suman miles en todo el territorio nacional y el Estado de México también sufre el flagelo, sostuvo Eduardo Salatiel Espinoza, quien tiene un primo en estas condiciones. Su caso es claro respecto a la privación ilegal de la libertad por particulares o agentes de seguridad disfrazados de civiles, porque fue levantado hace 4 años en la tierra caliente del vecino estado de Guerrero.
No puede describirse el impacto anímico en los familiares de las personas desaparecidas. “Es devastador y siempre tienes la esperanza de que regrese sano y salvo, pero en el caso extremo de que ya haya muerto o lo hayan asesinado, solo quisiéramos recuperar su cuerpo para darle cristiana sepultura”, explicó.
“En otros casos, angustia igualmente la posibilidad de que el familiar ausente esté siendo explotado, en la prostitución o en actividades criminales; es decir, como narcomenudista, “halcón” o sicario o en esclavitud laboral”, explicó.
Los especialistas sostienen que en cualquier problema, la solución no puede darse sin el conocimiento de las condiciones cuantitativas y cualitativas de los mismos, porque a ciegas, aun cuando se tenga noticia de un conflicto, no basta para intentar resolverlo con posibilidades de éxito. La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación tiene un registro de casi 111 mil personas desaparecidas o no localizadas en el país.
Por otra parte, existen fosas comunes de los cementerios y en los servicios médicos forenses más de 50 cuerpos sin identificar, situación que no es irresponsable suponer que se trata de quienes están considerados un número más en las estadísticas de las personas desaparecidas y no localizadas. Están igualmente muchos casos de quienes desaparecieron por propia voluntad y no se comunican con sus familiares, y de los que regresan a sus hogares, pero no notifican a las autoridades que ya aparecieron, y en los registros oficiales siguen contando entre los ausentes.
En contrapartida, también existen miles de casos de personas privadas de su libertad por la fuerza por células de la delincuencia organizada; después ejecutadas y sepultadas en fosas clandestinas, sin que las familias denuncien su desaparición. Esta es la situación de la familia de Salatiel Espinoza, que no denunció la privación ilegal de la libertad por particulares, porque la amenazaron los criminales con ejecutar más miembros si se denunciaba el caso.
Las circunstancias de alto riesgo familiar ocasionó ya que existan cifras negras también en las desapariciones forzadas por cuenta de particulares y, lo más grave, en los homicidios, porque las víctimas de ejecuciones son sepultadas y no quedan registradas como asesinadas.
Si fuera posible identificar a todos los cuerpos que están como de personas desconocidas y las desaparecidas voluntariamente y retornadas con la familia el problema, con toda su gravedad, podría ubicarse en su justa dimensión, y a partir de ahí, buscarle su solución.
