*Armando Hinojosa, empresario consentido del Peñismo, se inscribe en la estrategia.
De la redacción
Las presiones contra el Movimiento Ciudadano (MC) para que se sume al Frente Amplio por México, que integran principalmente el PRI, PAN y PRD son terribles y abarcan numerosas modalidades, especialmente las mediáticas, por conducto de los espacios de opinión en los diarios impresos y en los de “reflexión” en los noticieros electrónicos, además de los dirigentes de los partidos opositores, que quieren colocar al líder del MC, Date Delgado en la disyuntiva de integrarse a la oposición o ser calificado de traidor a la democracia y a la misma patria, lo cual rechaza el político veracruzano.
En esa estrategia de presión debe inscribirse la demanda de tres mil 500 millones de pesos que está haciendo Luis Armando Hinojosa, dueño de la constructora HIGA y varias compañías filiales, al gobernador de Nuevo León, Samuel García, cuadro del Movimiento Ciudadano y opuesto a una alianza electoral con Frente Amplio por México.
La demanda, además de exagerada, carece de sustento jurídico, porque se refiere a la cancelación del proyecto denominado “Monterrey VI”, que pretendía llevar agua de la Presa Cerro Prieto a la zona metropolitana de la capital neolonesa, mediante un acueducto que iniciaría en la Cuenca del Pánuco, en territorio de San Luis Potosí.
El contrato lo firmó HIGA el entonces gobernador priista Rodrigo Medina, después preso por actos de corrupción, pero que allá por la segunda mitad de la primera década de este siglo fue promovido como uno de los “nuevos rostros del PRI”, preparados, capaces y honestos: resultaron más corruptos e ineptos que los viejos políticos priistas. Casi todo ese grupo, como los Duarte, el propio Medina, los tamauipecos Tomás Yarrington y Eugenio Hernández y el gobernador de Quintana Roo, terminaron en la cárcel.
El proyecto hidráulico fue cancelado y no pasó de los primeros estudios técnicos. Por la cancelación del contrato Luis Armando Hinojosa exigía allá por 2017 una indemnización de 75 millones de pesos, pero el gobierno de Jaime “El Bronco” Rodríguez estimó la suma en 14 millones de pesos.
No obstante, ahora el gobierno de Nuevo León tiene la demanda de tres mil 500 milloens de pesos, pero en la estrategia de doblegar al mandatario de Nuevo León, para que deponga su posición contraria a la alianza con el Frente, no con el fin de que de verdad pague esa suma estratosférica.
Las presiones contra el mandatario estatal incluyen el boicot de los diputados locales del PRI y del PAN a las iniciativas del gobernador García, y la resistencia a aprobarle los presupuestos anuales. La ultraderecha empresarial, cuyos principales dirigentes viven en la zona metropolitana de Monterrey y buscan persuadir con este tipo de medidas.
