*Más de 3,000 mdp para arreglos de casas de ministros, magistrados y jueces.
De la redacción
Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, constituyen de facto una casta “dorada”, disfrutadora de privilegios fuera del alcance del 95 por ciento de los mexicanos y prohibidos por la Constitución.
Derrochan miles de millones de pesos en rubros que nada tienen que ver, ni se necesitan para una buena impartición de justicia. Los ministros no sólo violan la Constitución del país al ganar 4 veces más que el presidente de la República, sino también abusan de prestaciones insultantes.
Así lo demuestran los datos estadísticos sobre los gastos del Poder Judicial, dados a conocer por el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.
El también coordinador de la Bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseveró que si se recortan 15 mil o 20 mil millones de pesos del presupuesto del Poder Judicial no se afectará su funcionamiento.
Ese monto se gasta en temas ajenos por completo a la administración de justicia y a la vigilancia de la vigencia de la Constitución, que hacen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Como ejemplo mencionó que para arreglos en las casas de ministros, magistrados y jueces se destinan cada año más de tres mil millones de pesos, cuando hasta los trabajadores de salario mínimo cubren estos gastos de sus ingresos.
Otro exceso es la partida presupuestal aplicada en el pago de escoltas. Hay ministros que disponen de 14 guaruras y vehículos blindados, lo cual le cuesta mucho a los contribuyentes mexicanos.
Al Poder Judicial Federal le sobra dinero cada año, pero los juzgados carecen de papelería, computadoras y otros insumos para el funcionamiento de estos tribunales, distribuidos en todo el territorio nacional.
Ignacio Mier, quien es diputado por Puebla, agregó que los recursos presupuestales que sobran, en lugar de devolverlos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los incorporan a un fideicomiso, el cual rebasa ya los 20 mil millones de pesos, de donde se cubren otros privilegios fuera de la fiscalización de las autoridades.
