*Los dos casos se han examinado como de impacto mediático, sin profundizar.
De la Corresponsalía
Acapulco, Gro.-El encarcelamiento y vinculación a proceso de Jesús Murillo Karám, ex procurador general de la República; y de Uriel Carmona Gándara, titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, más allá del desenlace de sus respectivos procesos penales, reviste una gravedad no percibida en toda su dimensión por los medios informativos.
“Tampoco las organizaciones civiles y los supuestos expertos en temas de procuración y administración de justicia han reflexionado sobre la connotación de ambos casos, de la mayor gravedad por su naturaleza, alcances y su contexto”, sostuvo Maclovio Tapia Serrano, académico y estudioso del tema.
“La información periodística y los análisis difundidos en uno y otro caso se centró en la importancia de los detenidos y vinculados a proceso penal, y en los delitos que enfrentan, pero no en lo que representan las dos acciones”, reiteró. Murillo Karam obstaculizó las investigaciones de la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que debió esclarecer; Carmona Gándara ocultó el feminicidio de Ariadna Fernanda y lo presentó como muerte por congestión alcohólica, con lo cual agregó ofensa al honor de la víctima. Quería darle impunidad al feminicida.
Tapia Serrano explicó que lo grave y socialmente riesgoso consiste en que “pone de manifiesto la forma en que se procuraba y procura justicia en el fuero federal y en el fuero común”. Y se refirió igualmente a la situación de la Fiscalía General de la República (FGR), que sustituyó a la PGR.
“Un caso aparte es el del fiscal Alejandro Gertz Manero, no procura justicia en forma eficaz y oportuna, pero sus deficiencias no pueden atribuirse a acuerdos y protección a los grandes delincuentes, incluidos los de cuello blanco”, asentó.
Recordó que tanto Murillo Karam, como Uriel Carmona Gándara, tenían a su cargo procurar justicia, y lo que hicieron fue obstruir la administración de la justicia; es decir, “todo lo contrario de lo que era su obligación constitucional y legal, aspectos que no se examinaron ni examinan los medios informativos”, subrayó.
El académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) recordó que en la entidad mexiquense el fiscal en el sexenio de Héctor Astudillo, Xavier Olea Peláz, también pervirtió la procuración de justicia, al no consignar una carpeta de investigación abierta contra Félix Salgado Macedonio, por presuntos actos de violación, cuando el personaje no era senador y carecía de fuero constitucional.
Archivó el expediente para utilizarlo después políticamente. No quiso correr riesgo de que rechazaran su acusación y quedara sin argumentos para perjudicar al ahora senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Cometió delito al sustraer la documentación, y sí contribuyó a hacer más grande el escándalo.
“El caso Salgado Macedonio no fue judicializado, pero políticamente generó un ambiente de linchamiento en los medios informativos de cobertura nacional, facilitando que el INE le cancelara el registro como candidato a gobernador, en otro claro ejemplo del agravio a la justicia por parte de quienes deben procurarla” subrayó Tapia Serrano.
