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Condenó APVT Agresión Policíaca a Varios Periodistas en Tecámac

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*Los colegas fueron reprimidos cuando cubrían el saldo de otro hecho violento.

De la redacción

La Asociación de Periodistas del Valle de Toluca (APVT) condenó enérgicamente la represión de policías en Tecámac contra varios reporteros que cubrían lo ocurrido en la autopista México-Pachuca, donde fue asesinado un chofer de autobús.

El Comité Ejecutivo de la organización periodística, que preside Gustavo Yesca Bernal consideró que esa agresión contra reporteros de “La Jornada”, “Reforma-Metro”, “El Universal” y “Pásala”, constituyó un claro atentado a la libertad de expresión y al marco legal que protege a los periodistas y defensores de los derechos humanos en todo el país.

La represión fue contra informadores profesionales de medios de circulación nacional, de cobertura regional y portales digitales corrió por cuenta de uniformados municipales,

El 7 de septiembre fue ejecutado un conductor de un autobús foráneo en la citada carretera de cuota, presumiblemente, por sicarios que forman parte de una organización criminal dedicada a la extorsión a transportistas y narcomenudeo en la zona limítrofe del Estado de México con Hidalgo.

Los informadores profesionales agredidos desempeñaban sus actividades fuera del área restringida, y fueron jaloneados, y correteados por los policías sin causa justificada.

Yesca Bernal recalcó que se trató de una clara lesión a la libertad de información, porque los periodistas recababan datos sobre un hecho violento, pero noticioso, en cumplimiento de su labor informativa.

En nombre de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, su dirigente exigió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), específicamente a su área que atiende e investiga los delitos contra periodistas, investigar a fondo.

Consideró indispensable que se esclarezca el hecho y se castigue a los responsables de los hechos, y demandó del gobierno municipal de Tecámac también investigar lo ocurrido y sancionar a los policías represores.

Por obligación legal deben cumplir con sus obligaciones en este caso, pero también para evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse, pues lesionan la libertad de expresión y los derechos de los periodistas a la seguridad para desarrollar sus actividades profesionales.

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