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El_Espectador_14_Marzo_2016_N538
El Espectador
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NULA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA;
DESVANECIDA POR REGLAMENTOS
El mandamiento constitucional de la planeación democrática en los planes de gobierno y en los proyectos de obras públicas importantes es letra muerta en el Estado. Ese derecho de la sociedad fue sustituido en la práctica por las decisiones unilaterales, verticales y autoritarias de los gobernantes, sostuvo Arturo Chavarría Sánchez, experto en obras públicas y desarrollo urbano.
“Disposiciones de leyes secundarias, hasta de tercer orden como los reglamentos, anulan normas de la Constitución, en un claro abuso de poder, porque en proyectos como el tren interurbano México-Toluca, ni siquiera a las autoridades municipales se les consultó”, recalcó el controvertido especialista en estos temas.
La falta de planeación democrática ha agudizado el fenómeno de la corrupción, porque al no someterse a la participación social esos proyectos, no hay objeciones a sus ángulos negativos, y menos con la privatización de las obras carreteras concesionadas y las entregadas a particulares mediante la figura de proyectos de prestación de servicios (PPS), el gran negocio de funcionarios corruptos, aseveró Chavarría Sánchez…
RIGUROSAS AUDITORÍAS AL GASTO
DE ANTERIOR LEGISLATURA LOCAL
Auditorías practicadas a las diferentes dependencias de la Cámara de Diputados del Estado de México arrojaron deficiencias en el control interno del Poder Legislativo mexiquense, errores de registro presupuestal y contable; observaciones por sobregiros o subejercicios presupuestales; transferencias que no se agregaron a las pólizas del soporte documental completo y el incumplimiento al Programa Anual de Obra.
También mostraron recursos de fondos revolventes utilizados en importes y conceptos no autorizados, como: anticipos de sueldos y traspaso a otros fondos; no todas las facturas se registraron al pasivo cuando se realizó un pago diferido; faltó copia de identificación de la persona que cobró algún cheque; hubo registros contables y presupuestales en cuentas de diferente naturaleza, entre otros.
Durante el 2015, la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México realizó 28 auditorías, de las cuales 12 fueron administrativas, 12 financieras y cuatro de obra; de las cuales el 75 por ciento se aplicaron a las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas; la mayoría se refiere a la anterior Legislatura…
LA SIMULADA PARTICIPACIÓN
SOCIAL COMO FISCALIZADORA
La planeación democrática con la participación social, garantizada por la Constitución del país y del Estado, es letra muerta. No trasciende el papel en que está impreso el texto de la Máxima Norma nacional y estatal, como lo hizo notar el urbanista Arturo Chavarría Sánchez en una entrevista con “El Espectador”.
En la omisión se llega al extremo de no sólo excluir la participación ciudadana de la toma de decisiones en temas que impactan fuertemente a toda la sociedad, sino también a las autoridades; especialmente a las municipales, de lo cual existente numerosos y acabados ejemplos de marginación.
Para ilustrar la falta de vigencia del mandamiento constitucional citado basta con recurrir a un caso extremo: la construcción del tren interamericano México-Toluca, cuyo impacto será descomunal y de alcance regional en todos los municipios de la zona conurbada de la capital de la entidad…
COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
PAGA VIDEGARAY EL COSTO DE SER UNA ESPECIE DE
VICEPRESIDENTE DE FACTO; SIGUE EN RUTA AL 2018
Desde la campaña electoral de Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República, Luis Videgaray Caso adquirió un descomunal poder. Esto se acentuó al integrarse el gabinete, mucho de cuyos integrantes amigos de él, fueron nombrados por su influencia.
No fue casual su ubicación desde entonces como puntero del grupo de presuntos preaspirantes a la candidatura presidencial del PRI para en ese tiempo un lejano 2018.
La circunstancia de que por iniciativa propia o por indicaciones de su jefe institucional (los reales son Carlos Salinas y pedro Aspe) tuviera injerencia en muchas áreas de la administración pública federal lo convirtieron en una especie de vicepresidente de facto. Y más cuando por extrañas razones fue debilitado el llamado “Grupo Hidalgo”, con la doble remoción de Jesús Murillo Karam y la salida del proyecto de Nuevo Aeropuerto Internacional de Manuel Ángel Núñez Soto, generando un desequilibrio en el interior de la administración peñista, con un Miguel Ángel Osorio Chong con pocos aliados.
No obstante, esa misma concentración de poder e influencia al interior del Poder Ejecutivo Federal le cobra ahora facturas al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo responsabilizan de la falta de solución y agravamiento de los grandes problemas nacionales.
En estricto rigor Videgaray Caso no puede o debería ser culpado de todas insuficiencias, limitaciones, omisiones y malas acciones del gobierno de la República, pero por la desmesurada influencia que presuntamente ejerce sobre la mayor parte de los miembros del gabinete, le atribuyen también todo lo malo.
Al poderoso integrante del Poder Ejecutivo Federal lo culpan de la mala marcha de la economía, mientras al secretario de Economía nadie lo señala por ello. Lo colocan también como ejemplo claro del tráfico de influencia y conflicto de intereses por la compra de una mansión campestre en Malinalco a Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor favorito del gobierno estatal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Videgaray Caso asevera no haber decidido la asignación de contratos en el Estado, cuando fue secretario de Finanzas, pero sus adversarios internos, como quienes no quiere la cosa, recuerdan que no entregaba contratos, pero su poder podía favorecer a determinados intereses, sin firmar expresamente ese apoyo, además de ser el encargado de pagarle a las empresas del empresario tamaulipeco, propietario de HIGA.
Las anticipadas encuestas sobre preferencias electorales de cara al 2018 no ubican al titular de la SHCP en primer lugar, ni dentro de su partido el PRI, ni en el conjunto de prospectos de todas las organizaciones para la candidatura presidencial. No parece representar una opción ganadora para la principal contienda interpartidista de ese año en el país. Y es entre los priístas en donde menos respaldo tiene, por ahora.
A pesar de todo, la impresión de los analistas políticos es en el sentido de que Videgaray Caso sigue encabezando las preferencias de los verdaderos factores de poder; los cuales decidirán esa postulación; es decir, del presidente Enrique Peña Nieto y los poderosos intereses económicos nacionales y extranjeros globalizados, por ser el garante de todos los compromisos adquirido por el gobierno peñista con los dueños de la riqueza mundial, especialmente del sector financiero.
Interiores
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