*El 30 de septiembre de 2024 terminará su período: le recortaron 2 meses.
De la redacción
En menos de un año el presidente Andrés Manuel López Obrador terminará su período constitucional, al que por una reforma constitucional le recortaron dos meses. Por ello, en lugar de cumplir seis años y concluir el 30 de noviembre de 2024, lo hará el 30 de septiembre 2024; es decir, su periodo no será un sexenio, sino 5 años diez meses. Desde que se instituyeron los períodos presidenciales de seis años, en 1934, inaugurados por el general Lázaro Cárdenas, ningún sexenio había sido acortado, como ocurrió en esta ocasión.
La próxima presidenta de la República iniciará el su sexenio el primero de octubre de 2024, no el primero diciembre, como lo mandaba la Constitución y estábamos acostumbrados, y a menos de un año para dejar la titularidad del Poder Ejecutivo Federal, el tabasqueño dispone del respaldo de entre el 60 y el 72 por ciento; variación que obedece a la diversidad de empresas encuestadoras que miden ese apoyo popular al mandatario.
Conserva esa alta aceptación a pesar de haber gobernado más de dos años en la mayor crisis sanitaria que se recuerde, por la pandemia de Covid-19, que ocasionó cientos de miles de muertes y provocó la mayor caída del producto interno bruto (PIB) en 90 años, agravada la situación por el impacto económico negativo mundial ocasionado por la invasión de Rusia a Ucrania.
Por si eso fuera poco, el titular del Poder Ejecutivo Federal padece una campaña de desprestigio de casi todos los grandes medios informativos en forma permanente.
El presidente López Obrador cuenta con el odio de la ultraderecha empresarial, ese segmento minoritario, casi fascista, de la oligarquía criolla, que concentra la riqueza y el ingreso nacionales, a quien suprimió el beneficio del perdón en el pago de impuestos sobre ganancias, la cancelación de los contratos con sobreprecios de hasta el mil por ciento en compras y renta de bienes y servicios, en una etapa en la cual la corrupción fue una no confesada política de Estado
Dicha corrupción incluyó la intermediación en la adquisición de medicinas y la contratación de obras públicas, igualmente con brutales sobreprecios. El saqueo al erario se dio también con la modalidad de la figura jurídica “asociación público-privada” (APP), aplicada a la construcción de hospitales, cárceles, inmuebles para actividades culturales, que particulares rentaban y renta al gobierno, porque los contratos fueron por 25 años o más. También recibieron una serie de concesiones.
En todas estas modalidades de daño legalizado al erario y bienes públicos estuvieron involucrados los dueños de las grandes empresas propietarias de los medios informativos, por lo cual ahora constituyen la parte más activa y rabiosa de la oposición.
En sentido contrario, el presidente López Obrador privilegió a los sectores vulnerables en la asignación del gasto público, como los adultos mayores, la población con discapacidad, a madres solteras, y a programas de becas para jóvenes estudiantes y aprendices de algún oficio, lo cual explica su alto respaldo popular.
A esto deben agregarse las grandes obras de infraestructuras para el desarrollo, como el Tren Maya, la compra de una refinería en Texas, la construcción de la refinería Olmeca, del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, la ejecución del corredor Interoceánico, y la construcción de carreteras y distritos de riego.
La inseguridad pública, reducida en la mayor parte de los delitos, sigue alta en homicidios dolosos, a pesar de los avances en términos relativos, y sobre este tema centran la oposición y el poder fáctico mediático sus ataques.
