*¿Puede la SCJN anular la facultad de los diputados de modificar el presupuesto?
De la redacción
La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández y el presidente de la directiva de la Cámara de Diputados Federal, Ignacio Mier, se confrontaron hace poco y dejaron claro que habrá un choque de trenes cuando se discuta y apruebe el presupuesto 2024 del Poder Judicial.
Esa disputa no será de la Corte contra toda la Cámara Baja del Congreso de la Unión, sino contra la mayoría que forman Morena y sus aliados. Todo elllo, en el escenario del papel de opositora asumida abiertamente por la cabeza de la SCJN, Irma Piña y la mayoría de los ministros.
El presupuesto Judicial para el próximo año será de más de 84 mil 790 millones de pesos, superior en 10 por ciento al ejercido este año y en 4 por ciento en términos reales, descontando el nivel de la inflación.
Mier tomó como amenaza lo declarado por la ministra Piña Hernández, y consideró inadmisible ese tipo de mensajes. Hace unos días había informado que se ajustaría el presupuesto de la SCJN y del Poder Judicial Federal en general, porque gasta entre 15 mil y 20 mil millones de pesos al año en cosas que nada tienen que ver con el funcionamiento de la institución.
Como ejemplo de erogaciones que no impactan la actuación de jueces, magistrados y ministros citó los 3 mil 500 millones de pesos anuales en arreglo de sus casas, como el corte de pasto de los jardines.
Aemás, el Poder Judicial entrega a familiares de magistrados y ministros hasta 6 teléfonos celulares de alta gama y paga su servicio, lo cual tampoco tiene relación con las actuaciones de juzgados, tribunales y la Corte.
El legislador consideró falsa la afirmación de la ministra Piña respecto de que se asfixiaría el Poder Judicial con un recorte a los más de 84 mil 792 millones de pesos, pues hay derroche y erogaciones que no inciden en el funcionamiento de los jueces, los magistrados y ministros.
Lo importante será ver si el Poder Judicial Federal puede anular la facultad constitucional de la Cámara de Diputados para aprobar, rechazar, reducir, modificar y hacer reasignaciones de partidas presupuestales.
Mediante amparos el INE y otros órganos autónomos lograron que no se les aplicara la política de austeridad del Poder Ejecutivo Federal, pero no se trató de una reducción directa al gasto del Poder Judicial Federal, como lo anunció el diputado Ignacio Mier, quien destacó que si no hay justicia para todos no es porque le falte presupuesto al Poder Judicial Federal. Pero está claro ya que habrá un “choque de trenes” entre los diputados morenista y la SCJN, y aun cuando ésta tiene el apoyo de los opositores, el recorte puede aplicarse. Su aprobación no requiere de mayoría calificada, sino de mayoría simple, y la tienen el partido gobernante y sus aliados
