*El empresario incumplió sus compromisos y las autoridades peñistas lo consintieron.
De la redacción
La SEMARNAT y la PROFEPA protegieron a Germán Larrea, dueño del Grupo México, causante del derrame de aguas con metales tóxicos, vertidas al Río Sonora, y que ocasionó un desastre ecológico en agosto de 2014. En 2017 declararon que la empresa minera del segundo hombre más rico del país había remediado los daños ambientales, cuando eso era falso.
Todavía en estos momentos persiste la contaminación de aguas, tierra y aire, incluyendo flora y fauna, además de que la población sigue enfermándose por el contacto con los contaminantes, informó la titular de la SEMARNAT, Luisa María Albores, en una rueda de prensa en Palacio Nacional.
Un año antes de finalizar el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dieron por concluidos los trabajos de remediación de daños, financiados por un fideicomiso, que vigiló un comité técnico especial. Como consecuencia de ello, ordenaron la disolución del fideicomiso y hasta devolvieron a Grupo México 77 millones de pesos que no se aplicaron.
Todo fue un engaño, porque un nuevo estudio a cargo de un equipo altamente calificad dictaminó que se encontraron en aguas, tierra, aire, flora y fauna, incluso en humanos, metales pesados en niveles muy superiores a los permitidos por las normas nacionales e internacionales de la materia, informó la titular de PROFEPA.
Uno de los funcionarios del área de protección al ambiente, de nombre Víctor Hugo Alcoer, fue de quienes abogaron por declarar cumplida la remediación de daños, y ahora es empleado de Germán Larrea.
De por sí SEMAENAT y PROFEPA consintieron el incumplimiento del monto de dinero que manejaría el fideicomiso, que era de dos mil millones de pesos. Lo constituyeron con mil millones de pesos, y también permitieron que Grupo México incumpliera con la instalación y operación de plantas potabilizadoras fijas y móviles, pues de nueve comprometidas sólo operó una y nada más un mes, por falta de dinero para pagar la energía eléctrica.
Por el incumplimiento se levantaron denuncias penales, derivados de un amparo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgado a habitantes afectados por el derrame del 2014 y que siguen enfermándose por la contaminación que persiste, y que se supone ya se había solucionado.
Como dato ilustrativo del desprecio de Germán Larrea a la población afectada, del citado fideicomiso destinó 32.4 millones de pesos al pago de publicidad sobre los trabajos de remediación de daños, y a los enfermos por la contaminación les entre globalmente solo 7.8 millones de pesos.
