COORDENADAS POLÍICAS
MACARIO LOZANO R.
LAS CASTA PRIVILEGIADO DEL CUERPO DE MINISTROS
DE LA SUPFREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
La mayor desigualdad o brecha económica; es decir, la diferencia entre los ingresos de los más pobres y los más ricos del país se registró durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, cuando los segmentos más afortunados de la población registraron un ingreso equivalentes a 35 veces el de los más pobres. Con altibajos mejoró un poco en los siguientes sexenios, pero creció nuevamente durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, llegando a ser de 33 a uno.
En esos años calderonistas México se colocó en los primeros lugares mundiales en el tema de desigualdad social. En el presente sexenio ese desequilibrio económico entre el grupo de mexicanos más ricos y el de los más pobres es de 17 veces; es decir se redujo prácticamente a la mitad.
Sin embargo, hasta hace unos días se desconocía que existe una casta privilegiada que gana 43 veces más que el promedio salarial de 16 mil pesos mensuales que reciben los más de 22 millones de trabajadores de la iniciativa privada afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es decir, ni en los tiempos de Salinas de Gortari hubo tanta desigualdad económica, como la que en estos momentos existe entre los asalariados de la economía formal y los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Los ingresos totales como servidores públicos de dichos ministros suman 700 mil pesos mensuales, porque a sus 300 mil pesos nominales agregan una serie de prestaciones que superan su paga ordinaria, para ser el grupo que registra la mayor inequidad en la distribución del ingreso nacional, con la agravante de que los sectores más ricos son empresarios que generan empleos y arriesgan capitales, que en no pocas ocasiones pierden, mientras los ministros de la SCJN nada a perder exponen.
Su régimen de privilegios de grupo es ofensivo por la desigualdad que representa para la población pobre, unos 56 millones de mexicanos, si se compara con los trabajadores del salario mínimo: La desigualdad es de 113 veces, pero ese número de ingresos más alcanza niveles que deberían irritar al conjunto de la sociedad, si se compara con los millones y millones de mexicanos que no perciben ni la paga mínima legal vigente en el país.
La situación es mucho más agraviante pues se trata de los encargados de impartir justicia en México, pero ni siquiera muestran sensibilidad social o respeto por la población necesitada; además, violan lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual ordena que ningún servidor púbico gane más que el presidente de la República. Los ministros ganan más de 4 veces lo que percibe el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y la población poco sabe sobre qué es o a qué se dedica la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ello es necesario recordar que los once ministros tienen a su cargo garantizar la vigencia de la Constitución, pero son ellos quienes la violan por su insaciable voracidad por el dinero y los lujos. De hecho, en los últimos años han rechazado abiertamente aplicar una política de austeridad y sus fallos sobre la constitucionalidad de las leyes favorecen siempre a los intereses de las grandes corporaciones empresariales del país y del extranjero, y están en contra del interés público.
Dos ejemplos de lo que es el abuso de fondos públicos: ministros, magistrados y jueces gastan en conjunto, con cargo a los contribuyentes, 300 millones de pesos al año en mantenimiento de sus casas; y cada ministro recibe un cuchillo, un tenedor y una tasa; es decir, cubiertos, comprados en casi 200 mil pesos cada año (se ignoran por qué cuestan los 11 juegos de cubiertos 2 millones de pesos), y se debe subrayar que este gasto es anual, cuando estos utensilios de mesa cuestan mucho menos y las familias pobres los mantienen e servicio más de 10 años; no los renuevan cada doce meses, como supuestamente ocurre con los ministros. Y otro ejemplo adicional de casos de irracionalidad del gasto en la SCJN, que aun cuando son mínimo, son útiles para entender el despilfarro de dinero público: la SCJN programó para el 2024 una partida presupuestal de 4 millones de pesos para arreglar sus jardines, con la particularidad de que no tiene jardines en su sede ubicada una calle de por medio del costado sur de Palacio Nacional.
En este escenario la Cámara de Diputados Federal suprimió 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial Federal, lo cual ha generado movilizaciones de trabajadores de la institución y anunciaron que recurrirán a la solicitud de amparo contra lo resuelto por el Poder Legislativo.
