*Los más ricos del país ganan 17 veces más que los pobres; los ministros, 43 veces.
GABRIEL L. VLLALTA
México es todavía uno de los países con mayor desigualdad económica en el mundo, aunque el problema se ha reducido a la mitad en este sexenio comparado con el de Felipe Calderón Hinojosa. Aunque los más ricos reciben ingresos anuales 17 veces superiores a los más pobres, con Calderón eran 33 veces mayores.
Son embargo, y de esto nada se sabía ni mucho menos se mencionaba en los medios, la mayor desigualdad en ingresos se da entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los más de 22 millones de asalariados de la economía formal perciben en promedio 16 mil pesos mensuales; los ministros, 700 mil.
La diferencia en favor cada uno de los 11 integrantes del cuerpo de ministros y uno de los afiliados al Seguro Social es de 43 veces. Y se trata de una institución que en su denominación lleva la palabra “Justicia”.
Estos datos estadísticos fueron difundidos en la conferencia mañanera del 18 de este mes, y la comparación tomó como base el promedio salarial de los trabajadores inscritos en el Seguro Social.
Un análisis comparativo de “El Espectador” al tema del desequilibrio brutal en la distribución del ingreso en México detectó que la desigualdad económica es mayor y llega a 113 veces, si lo que ganan los ministros se compara con los ingresos de los más de 5 millones que obtienen el salario mínimo.
Pero este problema de la desigualdad entre los ingresos de los ministros es todavía más ofensiva si se toma en cuenta al segmento poblacional más pobre del país, que no percibe ni la paga mínima legal, lo cual no entiende la élite de la SCJN.
Se ignoraba esta injusticia de desigualdad, desproporción, de ingresos, hasta que surgió la polémica por la supresión de 13 de 14 fideicomisos que tenía el Poder Judicial, desde la Corte hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
La aprobación de esa medida por la Cámara de Diputados Federal dio lugar a protestas de trabajadores sindicalizados del Poder Judicial, quienes se quejaron de que se afectarían sus ingresos.
La propia diputación ha aclarado que la supresión de los fideicomisos no impactará en los salarios y prestaciones de los trabajadores, sino sólo quitará privilegios a las cúpulas de la institución, que forman una casta dorada.
Casi todos los medios informativos asumieron la defensa de los ministros y sostuvieron la mentira de que se afectaría a los 55 mil trabajadores del Poder Judicial, cuando se explicó claramente que ingresos ordinarios y prestaciones se pagan con el presupuesto, no con dinero de los fideicomisos y fondos suprimidos.
