*Advierte su director general que la institución podría quebrar en pocos años.
De la redacción
La situación del Nacional Monte de Piedad, esa especie de banco de las familias de bajos ingresos del país, es comprometida y amenaza con agravarse, advirtió su director general, Javier de la Calle Pardo.
Dio a conocer en rueda de prensa que la combinación de dos problemas condujo a la institución centenaria al riesgo de quiebra: el desplome de las operaciones de empeño, que en los últimos cuatro años fueton del 50 por ciento.
El segundo factor es el costoso contrato colectivo de trabajo de su personal; es decir, los sueldos y prestaciones de quienes prestan sus servicios al Nacional Monte de Piedad, que insistió, es costoso.
No obstante, De la Calle Pardo no ahondó en las causas de la caída de personas que acuden a solicitar préstamo con garantía prendaria. Ahora, con una población mayor y con problemas económicos, representan el 50 por ciento de los que eran hace 4 años, cuando deberían ser más.
En los últimos años, la institución, presumiblemente sin fines de lucro, encareció mucho el dinero que presta; es decir, sus tasas de interés son muy elevadas, cuando se supone se trata de acciones de apoyo a la economía de la gente que menos tiene y más necesita de ayuda altruista.
Hasta hace unos tres años los réditos que cobraba “el Monte” eran más altos que los que cobraba la banca comercial mexicana: casi 50 por ciento y con garantía prendaria.
El director general de la institución no asumió una actitud autocríticas para explicar las causas de la caída de clientes, a la cual indiscutiblemente contribuye el aumento de las tasas de interés, más elevadas que las de la banca comercial.
De la Calle Pardo informó que sus peritajes sobre las condiciones económicas y financieras del Monte de Piedad indican que sin medidas eficaces y oportunas para evitarlo, en el 2027 quebrará, mientras un peritaje del Sindicato extiende ese plazo hasta el 2029.
Reveló que el Nacional Monte de Piedad eroga en su operación 7 mil 296 millones de pesos, de los cuales 3 mil 392 millones corresponden al contrato colectivo de trabajo, por ello insistió en privilegiar la cancelación de ese documento contractual, como medida para sobrevivir.
A eso se opone el Sindicato, y también rechaza la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que cuando la encabezaba Luisa María Alcalde Luján recomendaba negociar y pactar modificaciones al contrato colectivo de trabajo, sin cancelarlo.