*Construyeron y operaron eficaces mecanismos para el saqueo del erario.
De la redacción
(Primera parte)
Una de las tareas urgentes de la nueva administración estatal de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez será la de detectar, identificar y destruir las redes de corrupción creadas durante 94 años, formadas por funcionarios públicos y empresarios corruptos, según un estudio realizado después del 4 de junio.
El documento, al cual “El Espectador” tuvo acceso, destaca que en contubernio, altos servidores públicos y empresarios corruptos vinculados al poder diseñaron un eficaz mecanismo de saqueo de fondos públicos, similar al operado en el gobierno federal, cuya mayor actividad fue del 2000 hasta 2018; es decir, en los sexenios de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Los autores del trabajo destacan se trata de “un nuevo tipo de corrupción”, ya no el antiguo cohecho o cobro de comisión a particulares y empresarios, o de sobornos, sino una modalidad antes desconocida, en la cual funcionarios públicos corruptos, mediante prestanombres, crean compañías saqueadoras de fondos públicos.
El nuevo esquema llegó al extremo de utilizar empresas “pantalla”, “factureras”, “fantasma”, para obtener contratos que cobraban, pero no cumplían. Recibían los pagos acordados, pero no entregaban los bienes y servicios en la calidad comprometida, no los entregaban completos o, de plano, no entregaban nada.
Sobre este tema, el jefe de Gabinete y Proyectos Especiales del Poder Ejecutivo, Higinio Martínez Miranda, sostuvo: “el Sistema Anticorrupción del Estado de México no sirve y es costoso, pues no arroja buenos resultados y los único que ganan son los numerosos funcionarios que cobran mucho en la nómina”.
Propuso que el Ejecutivo impulse una iniciativa para cambiar dicho Sistema y se convierta al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México en un Tribunal de Cuentas, con autonomía constitucional y que absorba las funciones del INFOEM, en tanto el TJAEM se convertiría en una sala del Tribunal Superior de Justicia.
En este sentido, la extraordinaria periodista mexiquense Teresa Montaño documentó casos de empresas contratistas del anterior gobierno estatal, cuyos domicilios no existían o se ubicaban en vecindades habitadas por familias muy pobres, sin capacidad económica como para constituir empresas proveedoras de bienes y servicios para la administración pública.
Ese trabajo periodístico fue premiado internacionalmente, pero le mereció a la reportera de investigación la ira de los corruptos, quienes la mandaron a secuestrar, a robarle pertenencias de su domicilio y ser víctima de amenazas de muerte.
Se vio obligada a abandonar el territorio estatal, el país y refugiarse en Europa. De ese tamaño y peligrosidad son los intereses económicos involucrados y beneficiados por las redes y mecanismos diseñados y aplicados para el saqueo de fondos públicos, ante la incapacidad, desinterés o protección del sistema estatal de fiscalización y el Sistema Anticorrupción del Estado de México.
Los especialistas asentaron en su estudio que en todos los actos de corrupción del sector público -desde los más pequeños hasta los más grandes- participaron un segmento corrupto de la iniciativa privada; minoritario, pero poderoso.
Destruir estas redes de corrupción debe ser una prioridad del nuevo gobierno mexiquense, para proteger el erario y abatir el costo que la corrupción representa en compras de bienes y servicios de la administración estatal.
Socios o cómplices de funcionarios públicos participaron en el saqueo al erario, con la utilización de numerosas modalidades, muchas de ellas combinadas, como la de vender con sobreprecios superiores al mil por ciento, como fue el caso del político Roberto Madrazo Pintado y el ISSEMYM, y sin entregar el total de lo cobrado.
Estos empresarios, además, ni siquiera corren riesgos de perder respetabilidad, pues el costo en imagen y el desprestigio lo aportan los funcionarios y políticos.
