ERRADICAR CORRUPCIÓN, UNA
CONDICIÓN PARA PROGRESAR
INÚTILES Y COSTOSOS SISTEMAS FISCALIZADOR
ANTICORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD MEXIQUENSE
La corrupción, fenómeno desapercibido durante 36 años de gobiernos neoliberales a pesar de sus efectos desastrosos en las condiciones de vida de la población, produjo grandes fortunas para unos cuantos, en un tiempo en el cual amasar descomunales fortunas mediante el saqueo de bienes públicos, lejos de tener rechazo social, era un fenómeno admirado por la clase política y empresarial del país.
El gobierno federal de la cuarta transformación, especialmente su principal fundador y líder, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado ya la gravedad y verdadera dimensión de los efectos de este cáncer de la política tradicional y el ejercicio del poder, y del segmento de empresarios igualmente corruptos, vinculados a los poderosos de cada momento.
La entidad mexiquense no fue la excepción, aunque su clase política no inventó la corrupción, como quiere hacerse creer. Así era la vida del partido que gobernó a México desde las primeras décadas del siglo XX, y eso fue posible también porque desarrollo una enorme capacidad corruptora, que benefició igualmente a no pocos opositores inescrupulosos y simuladores.
Al último, ya con Enrique Peña Nieto y la adopción del fenómeno como una oculta vertiente de las políticas de Estado, se generaron mecanismos para simular su combate, pero tuvieron deliberadamente el objetivo de impedir su erradicación. Así surgieron los sistemas anticorrupción, costosos, pero inútiles.
Un análisis de “El Espectador” al contenido de un estudio sobre las redes de corrupción en el Estado y a información de la muy competente e insobornable periodista mexiquense Violeta Huerta expuso esta situación. Sus datos duros no dejan lugar a dudas de que no sólo existió el problema a gran escala, sino en el gobierno de Eruviel Ávila Villegas y en sintonía con el federal peñista, se instituyó en la entidad un sistema anticorrupción encubridor, no sancionador.
Como prueba de esta grave situación está el número de denuncias conocidas por el Sistema Anticorrupción del Estado de México, citado por la periodista: de 4 mil 927 denuncias contra actos y funcionarios corruptos, apenas se judicializaron cien, y de esas carpetas de investigación el combate a la corrupción arrojó sólo 35 sentencias condenatorias; es decir, le aplicó la ley al 0.7 por ciento de los presuntos culpables.
Lo más grave, hubo denuncias contra actos de corrupción de las instituciones encargadas de combatirla, y de todo el universo de más de 12 mil denuncias contra corruptos y procedimientos de responsabilidades administrativas, únicamente se encontró un presunto acto de enriquecimiento ilícito.
Estas son las condiciones en que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez llevará a cabo su lucha contra la corrupción, los corruptos y corruptores. No se necesita mucha inteligencia para entender que si no comienza por depurar los sistemas anticorrupción y de fiscalización y las instituciones que lo integran, no podrá erradicarse el problema y fracasará la política anticorrupción.
