*Ocupa a 61 personas y no se conoce una acción eficaz de protección a periodista.
De la redacción
A dos años de haberse expedido la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Defensores de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos del Estado de México, el mecanismo creado para concretar esos objetivos no ha dado a conocer una sola acción en beneficio de unos u otros.
La coordinadora del mecanismo en cuestión apenas comenzará a elaborar un padrón de informadores profesionales del Estado de México, divido por regiones, de acuerdo con lo dado a conocer en un foro sobre el tema efectuado en la sede del Poder Legislativo mexiquense.
Lo único claro es que el Mecanismo de Protección está burocratizado, es costoso y en nada ha contribuido a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión en la entidad mexiquense. Cobran en su nómina 61 personas, en las cuales se han erogado 38 millones de pesos. Es tan ineficaz ese Mecanismo que los periodistas del Estado de México no saben en dónde tiene sus oficinas o qué es lo que ha hecho en dos años. Y en ese tiempo a los mandos del Mecanismo no se les había ocurrido elaborar una relación para conocer el universo de periodistas y defensores de los derechos humanos cuya protección es la razón y justificación de su existencia.
Apenas ahora, con la llegada de una gobernadora proveniente de la oposición, se acordó integrar ese padrón de potenciales beneficiarios, y se ignora en qué consisten sus actividades en beneficio de periodistas y defensores de los derechos humanos.
Y si los informadores profesionales desconocen la existencia, domicilio, directivos y actividades del Mecanismo, menos información al respecto tienen quienes se dedican a defender los derechos humanos en el territorio nacional, varios de los cuales han sido asesinados en la región de los volcanes.
Es probable que la nueva administración que encabeza la gobernadora Delfina Gómez Álvarez respalde el trabajo y logre motivar a las cabezas del Mecanismo a cumplir con su obligación de proteger a periodistas y luchadores en favor de los derechos humanos y apoyen el ejercicio de la libertad de expresión.
Se necesita ese trabajo, por obligación legal, y también para que no se sigan desperdiciando decenas de millones de pesos al año en un “elefante blanco”, burocratizado, pues nadie sabe qué hacen esos 61 funcionarios, que han costado a los contribuyentes 38 millones de pesos.
