*En menos de un año se destinaron cientos de millones de pesos para supuesta publicidad de un órgano que opera con recursos federales.
MAXIMILIANO CASTILLO
El nuevo gobierno estatal deberá enfrentar también las presiones de los medios informativos de cobertura nacional, los cuales tenían una mina de oro en la entidad mexiquense. Para comprar su silencio, se les pagaba por difundir o presuntamente difundir actividades y promover servicios que no necesitaban de una costosa propaganda en medios informativos, porque no tienen competencia, según información en poder de “El Espectador”.
Como ejemplo de ello, en 2021, en plena pandemia, y con contratos firmados en forma extemporánea, ya en agosto, un órgano desconcentrado que opera con fondos federales, administrados directamente por las autoridades estatales, contrató servicios de difusión con 30 empresas por 260 millones de pesos. Pero esa entidad pública, por la naturaleza de sus funciones y programas, no necesitaba pagar la publicidad.
En estas condiciones, la sustracción de 260 millones de pesos en menos de 10 meses fue parte de un mecanismo más amplio de saqueo de fondos públicos por las grandes empresas mediáticas, que en suelo mexiquense tenían en el Poder Ejecutivo y sus dependencias su mayor ingreso, especialmente como proveedoras de bienes y servicios con sobreprecios.
Y en otro caso específico, una empresa periodística le facturó a ese órgano 9 millones de pesos, pero además le cobró a la gubernatura miles de millones de pesos por concepto de renta con sobreprecio miles de vehículos, en un claro uso del medio informativo como instrumento para el tráfico de influencias, de intimidación y saqueo del erario mexiquense.
Nunca se conocieron los contenidos difundidos a escala nacional, y existen duda sobre si los contratos se cumplieron a cabalidad o no a pesar del pago de esos cientos de millones de pesos. Tan sólo en el caso de Televisa, el cobro fue por más de 44 millones de pesos. En tanto otra empresa denominada “Servicios Integrales de Chapultepec”, probablemente vinculada a la anterior, cobró 33.6 millones de pesos en 2021. Este fue el segundo contrato de publicidad más elevado.
El tercero correspondió a “Televisión Azteca”, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, el magnate que no quiere cubrir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); es decir a los mexicanos, 40 mil millones de impuestos, y había conseguido ya la protección del ministro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, pero el expediente le fue retirado.
Salinas Pliego facturó 32.5 millones de pesos y utilizó a su empresa “Estudios Azteca S. A. de C. V.” para cobrarle a ese órgano desconcentrado, que financia la federación, cuyo presupuesto fue ejercido por el gobierno estatal, en tiempos de Alfredo del Mazo Maza.
Otros de los más beneficiados con ese extraño pago de publicidad fueron “El Universal”, “Sol de México” y “Uno TV”, con 11 millones 600 mil pesos cada uno; Es decir, más de un millón de pesos mensuales, porque los contratos fueron por un plazo inferior a un año.
Una empresa que se anuncia como agencia de publicidad, con razón social “Toma 1 Publicidad S. A. de C. V.” fue favorecida con 10.2 millones de pesos. Hasta un portal digital del alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, fue beneficiado con cerca de un millón 200 mil. Los pagos más pequeños, de 290 mil pesos fueron para dos portales digitales locales y al conductor de un noticiero electrónico, pero como personas morales con actividades empresariales.
Estos intereses económicos de empresas mediáticas reaccionarán irritados si la gobernadora Gómez Álvarez les cancela o reduce los montos que les pagaban por concepto de publicidad.
