*El clima político sigue enrarecido en la entidad.
De la redacción
El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda expuso que el PRI y el PAN exigían una especie de “derecho de piso” para dejarlo trabajar Y no obstaculizar sus aspiraciones presidenciales, y que los fondos exigidos deberían estar incluidos en el presupuesto del próximo año; es decir, lo denunciado públicamente por el mandatario es una especie de extorsión institucionalizada.
Además de dinero, también le demandaron se les dieran las titularidades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) y la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) estatal, pero, sobre todo, que se desistiera de las denuncias penales que pesaban sobre personajes de los partidos mencionados, y que se les perdonara el pago de impuestos.
García Sepúlveda dirigió un mensaje después de reasumir sus funciones de gobernador, tras la confrontación con los diputados locales del PRI y el PAN, que generó una confusión institucional y ciudadana sin precedentes en México. Los diputados le autorizaron una licencia de 6 meses para ausentarse de la titularidad del Poder Ejecutivo de Nuevo León, para buscar la candidatura presidencial del Movimiento Ciudadano, que tenía segura, porque era precandidato único.
Sólo duró 10 días fuera del cargo, período en el cual fue suplido por Javier Navarro, secretario general de Gobierno, pero en ese lapso la oposición legislativa designó como gobernador interior a José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad, quien por esa condición no podía asumir el cargo, pues era funcionario estatal.
Después la mayoría del prian nombró a Luis Enrique Orozco Suárez, quien era vicefiscal del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia neoleonés. Es decir, estaba en el mismo supuesto constitucional de Salinas Garza, pero los acontecimientos inéditos se acumularon y encadenaron que ya ni siquiera se debatió el asunto, porque el gobernador Samuel García Sepúlveda reasumió el puesto.
Hasta el fin de semana se desconocía qué procedimiento legal se utilizaría para darle sustento a la vuelta de Samuel García a la gubernatura, pues el decreto de la licencia legislativa obtenida para ausentarse del 2 de diciembre al 2 de junio sigue vigente. No se ha abrogado, y faltan pocos días para que termine el período ordinario.
Por lo pronto, fueron 12 días raros para la gubernatura neoleonesa en los cuales la Legislatura Local designó a dos gobernadores interinos, aunque ninguno está en el cargo, además estuvo Javier Navarro como encargado de despacho de la gubernatura, y el propio mandatario electo con licencia regresó a despachar.
El Poder Judicial Federal resolvió que el Poder Legislativo de Nuevo León tiene facultades constitucionales para designar gobernador interino o sustituto. El problema fue que los diputados del PRI y del PAN estaban despojando al Movimiento Ciudadano (MC) de la gubernatura que ganó en las urnas en forma democrática.
La lógica y la conveniencia para la gobernabilidad y paz social indicaban que debió designar a alguien el MC, porque este partido fue quien obtuvo la confianza del ciudadano, y no el PRI o el PAN. Estos partidos pretendían recuperar vía sus diputados locales, la gubernatura que perdieron. Intentaron desconocer la voluntad la voluntad ciudadana, mayoritariamente en favor de García Sepúlveda.
