*Es una de las áreas más eficaces de la actual administración federal.
De la redacción
Desde el año pasado el SAT se ha convertido en la mejor plataforma de lanzamiento de carreras administrativas. La última de ellas fue la de Antonio Domínguez Dagnino, premiado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Reconocieron su buen desempeño como recaudador de impuestos de los más ricos de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT).
De la misma área del SAT, perteneciente a la SHCP, estaba la administración de las aduanas, que se desprendió del organismo durante la gestión de Horacio Duarte Olivares, ahora secretario general de Gobierno en la administración de la maestra Delfina Gómez Álvarez. Dejó el cargo, precisamente, para coordinar la campaña electoral por la gubernatura. Ocupó la vacante dejada por Raquel Buenrostro. El SAT elevó los ingresos púbicos en plena pandemia y sus titulares han ascendido.
La primera responsable del Sistema de Administración Tributaria del sexenio, Margarita Ríos Farjat, es ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que Raquel Buenrostro se incorporó al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, como secretaria de Economía, en lugar de Tatiana Clouthier, quien se alejó de la función pública.
El SAT se encarga de cobrarles impuestos y pone énfasis en los grandes contribuyentes, que apenas superan los 12 mil de los 72 millones de integrantes del padrón de causantes de impuestos federales, pero aportan el mayor porcentaje de estos ingresos o gravámenes.
En casi cuatro años del sexenio, el Sistema de Administración Tributaria logró cobrar cientos de miles de millones de pesos de impuestos, a la casi totalidad de los grandes contribuyentes, quienes se negaban a pagar, a pesar de que se trataba de un pago sobre sus utilidades, no sobre sus ingresos brutos.
Fueron las grandes corporaciones empresariales nacionales y extranjeras quienes no pagaron, ni aprovecharon el último año del anterior sexenio para gestionar el perdón fiscal, que podía hacer el presidente de la República y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito público, porque tenían facultades para ello.
Pocos se explican este comportamiento. Unos especialistas lo atribuyen a la soberbia, prepotencia y arrogancia, que los condujeron a creer que el gobierno de López Obrador no se atrevería a suprimir el perdón fiscal.
Otros expertos en temas fiscales sostienen que más bien no pensaron que Morena pudiera ganar la presidencia de la República y creyeron que triunfaría el PAN, con Ricardo Anaya o José Antonio Meade, candidato externo, apoyado por el PRI.
En ambos casos se hubiera mantenido intocable el perdón fiscal, autorizado por la propia Constitución, pero sólo aplicado a los más grandes conglomerados empresariales, como Televisa, FEMSA, América Móvil, bancos extranjeros, Grupo Carso, Grupo Salinas y CEMEX, pero no hay dudas de que el SAT da buena suerte.
