COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
NO DEBE REPETISE LO DE TEXCALTITLÁN: EL PUEBLO MERECE
SEGURIDAD Y EL GOBIERNO DEBE CASTIGAR A DELINCUENTES
En 21 meses Texcaltitlán, un municipio poco poblado del sur mexiquense ha sido noticia nacional e internacional en dos ocasiones, por hechos de violencia con resultado de 23 criminales y tres ciudadanos pacíficos muertos en ese período. El último, ocurrió el viernes 8 de este mes, cuando agricultores, cansados por las extorsiones, decidieron hacerles frente a los malhechores.
El escenario sangriento fue en una cancha de futbol de la comunidad de Texcapilla, donde la población -en un desigual enfrentamiento, porque los criminales estaban bien armados- dieron muerte a 11. En contrapartida, tres valientes productores rurales perdieron la vida. Corrieron el riesgo por el cansancio de tantas amenazas y extorsiones que padecían de los malhechores.
Les cobraban para dejarlos cultivar sus tierras y les exigían parte de los ingresos producto del esfuerzo productivo familiar, en una región cuya ley la dictaban y ejercían en beneficio de sus actividades ilícitas los delincuentes. En el sur no existe el Estado de derecho, porque las autoridades dejaron de asumir su obligación constitucional de darle seguridad, paz y libertad a la población, precisamente las funciones que explican y justifican la existencia de ese Estado y sus instituciones.
Los campesinos que perdieron la vida fueron ejemplo de lo que es capaz la población pacífica cuando las humillaciones y explotación criminal rebasa la propia lógica criminal. Liberaron al menos temporalmente a la región de una célula criminal despiadada, pero el costo fue alto. Las autoridades deben proeger la seguridad de sus familiares y garantizarles un buen futuro a sus dependientes.
Fue un caso de valentía ciudadana, pero no debe haber más muertes de gente valiosa, valiente, trabajadora y honesta. Los gobiernos estatal y federal (el municipal está rebasado por esa delincuencia) deben restablecer la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio estatal y con mayor razón, en el sur. Es su obligación y una urgencia de la población. No debe repetirse los de Texcapilla, pero como resultado de que los habitantes de la entidad y de esa región vivan en paz, con seguridad, tranquilidad y libres de las actividades de los delincuentes organizados.
Es urgente que con pleno respeto a los derechos humanos, el Estado utilice el legítimo y legal monopolio de la fuerza. Es acertado que se combatan las causas de la delincuencia, pero erradicar éstas no se contrapone con las acciones destinadas a hacer valer la ley. Y no se trata de perpetrar masacres, como quisieran los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, para iniciar una furiosa campaña mediática nacional e internacional de denuncia de represión y violación de los derechos humanos y autoritarismo.
La población pacífica, que es casi la totalidad, no debe verse en la necesidad de recurrir a la violencia y hacerse justicia con mano propia contra grupos minoritarios, pero violentos y que aprovechan la inacción institucional en su contra y la impunidad, para dañar de diversas formas: ejecuciones, extorsiones, secuestros, cobro de “derecho de piso”, amenazas con las armas, intimidación y pérdida de la tranquilidad colectiva.
