*SE adelantaba que la Legislatura, como juez y parte actuaría de esa manera.
De la redacción
En sólo 60 minutos, la Sección Instructora del Congreso mexiquense, desecho la denuncia de juicio político contra el exgobernador Alfredo del Mazo Maza, su ex secretario Jurídico y de derechos Humanos, Rodrigo Espeleta y 52 diputados locales de la anterior legislatura, demandados por el ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, por conducto del jurista Gerardo Fuentes Ruiz.
El Poder Legislativo Local actuó por mandamiento de un Tribunal Colegiado en materia administrativa del segundo circuito, con sede en Toluca, pero el trámite fue largo, porque la petición inicialmente fue presentada a la propia Cámara de Diputados mexiquenses. Desechó la demanda, por lo que la parte considerada agraviada recurrió a solicitar la protección de la justicia federal, dónde un juzgado de distrito en materia de amparo y juicios civiles la negó.
La Legislatura Local recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resolviera el asunto, pero la Segunda Sala no admitió el expediente y ordenó que el Tribunal Colegiado resolviera lo conducente, que falló en el sentido de que fuera la Sección Instructora (instancia temporal) quien procediera.
El caso se originó por un decreto aprobado por la representación popular mexiquense, mediante el cual se devolvió una extensión territorial a Cuautitlán México, utilizada en 1973, durante el sexenio de Carlos Hank González, para crear el municipio de Cuautitlán Izcalli, para lo cual también se tomaron tierras de otras municipalidades.
Entre los 52 diputados locales incluidos en la demanda de juicio político figuraban Maurilio Hernández González, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura y coordinador de los legisladores locales de Morena; Juan Maccise Nemer, alcalde de Toluca; el dirigente estatal del PVEM, José Alberto Couttelenc Buentello,; el coordinador de los diputados locales del PRD, Omar Ortega Álvarez; y, el ex secretario de Educación Pública, Juan Jafet Millán.
La sección instructora, encabezada por la diputada panista Martha Amalia Moya Bastón; secretario, Raúl Ponce Elizalde; Lourdes Jezabel Delgado Flores, Luz María Hernández Bermúdez y Alonso Adrián Juárez Jiménez, vocales; dictaminó que la solicitud de juicio político contra los mencionados es notoriamente improcedente, por lo cual debe desecharse por el pleno de la representación mexiquense.
Gerardo Fuentes Ruiz se inconformó en la sesión de la Comisión Instructora. Sostuvo que el dictamen se basó en información falsa, puesto que los actos reclamados, especialmente la violación de la garantía de audiencia al gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, para participar en el proceso de acuerdo con su contraparte, para ponerle fin al conflicto de límites.
El conocido abogado postulante declaró que también es falso que los diputados locales no puedan ser sometidos a juicio político, como se sostiene en el dictamen aprobado, pues así fuera, el Tribunal Colegiado no habría ordenado desahogar la solicitud de juicio político, figura vigente para quitarle el fuero a los funcionarios de elección popular o de designación, para que puedan hacer frente a acusaciones.
Adelantó que examinará lo que resuelva el pleno de la Legislatura, para estudiar las acciones que emprenderá, puesto que lo dictaminado está fuera de la legalidad.
