*La iniciativa de cambio fue impulsada por el fiscal general.
De la redacción
El gobierno estatal quedó en condiciones de rescindir contratos leoninos, para lo cual el Congreso de la entidad aprobó reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia (FGJEM).
De esta forma, personal de la institución tendrá atribuciones para conocer, sustanciar y resolver procedimientos de rescisión de compromisos contractuales de las autoridades mexiquenses con proveedores, contratistas y arrendatarios.
La representación popular del Estado, por unanimidad, dio luz verde a una iniciativa presentada por el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.
Con poca atención mediática, el cambio legal podrá fortalecer y darle eficacia a la lucha contra la corrupción, especialmente en las adquisiciones de bienes y servicios, incluyendo los inmuebles que renta el gobierno para oficinas u otros usos.
La FGJEM podrá también conocer los problemas de rescisión de contratos de obras públicas, y de los llamados proyectos de prestación de servicios (PPS) y su actual modalidad de asociación público-privada (APP).
Los contratos de compresas de bienes y servicios, de arrendamientos y obras públicas se convirtieron en mecanismos utilizados para el saqueo de fondos públicos mediante la colusión de empresarios y altos servidores públicos.
En no pocas ocasiones las compañías eran de los propios funcionarios, operadas mediante prestanombres, y adquirían todo con excesivos sobreprecios, sin supervisión de cantidades o volúmenes de lo contratado y pagado, ni de su calidad.
Los contratos, que llegaron a pagar hasta 10 veces los precios de bienes y servicios en comparación con los regidos en el mercado al menudeo, tampoco se cumplían, pero por ese contubernio de funcionarios con los proveedores o contratistas no se cancelaban, ni se sancionaban los incumplimientos de condiciones pactadas.
A los ojos de la sociedad se saqueaban las finanzas públicas, como ocurría en el contrato para conservación y mantenimiento de vialidades como el Paseo Tollocan, Vialidad las Torres o la carretera Toluca-Tenango del Valle, tan solo en el Valle de Toluca.
Las compañías contratadas no realizaban las tareas y después el gobierno estatal, con sus recursos, personal, maquinaria y equipo arreglaba los deterioros de esas vías de comunicación.
El personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México carecía de atribuciones administrativas para intervenir en las rescisiones de contratos, lo cual se ha subsanado con la reforma a su Ley Orgánica, aprobada por unanimidad.
Esta posibilidad legal hará eficaz la lucha contra la corrupción, uno de los objetivos estratégicos de la nueva administración estatal, que hasta el 15 de septiembre de este año no se emprendía, como se informa en esta edición de “El Espectador” en nota por separado sobre el Sistema Anticorrupción del Estado de México.
