*Los gobiernos priistas dejaron crecer el problema.
De la redacción
La profusa difusión en las redes sociales de la privación ilegal de la libertad de 4 empleados de un expendio de carne de pollo, puso al descubierto lo extendido que está en el Estado de México y en la capital del Estado esta modalidad criminal, que afecta directamente a las víctimas y a los consumidores, porque lo que se cubre como extorsión se traduce en encarecimiento del alimento.
En este caso, hasta donde se sabe, el establecimiento comercial padece a los delincuentes desde hace varios años, y se atribuye a “La familia michoacana” la autoría de la desaparición de las cutro personas, cuyos familiares y amigos efectuaron una manifestación frente a Palacio de Gobierno, para solicitar la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la solución del problema.
No sólo demandaron la localización de las personas privadas de su libertad, sino también acciones oportunas y eficaces para erradicar las extorsiones, a quienes en el lenguaje criminal se denominan “cobro de derecho de piso”, difícil de combatir, porque es de los delitos que menos se denuncian.
Las víctimas tienen temor de denunciar a los criminales, porque desconfían de las autoridades judiciales, porque sospechan que algunos de sus mandos son quienes otorgan protección a los delincuentes, además de la pérdida de tiempo en las agencias del ministerio público. También inhibe la denuncia el hecho de que los delincuentes saben dónde localizar a sus víctimas, mientras éstas no tienen mayor información de los criminales.
En este sentido, cobra actualidad la exigencia de que se prohíba la circulación de motocicletas, automóviles y camionetas sin placas, porque son utilizadas para cometer delito, pues impide la identificación de estas unidades cuando sus conductores cometen los delitos.
Organizaciones ciudadanas consideran inexplicable que las autoridades permitan la irregularidad; sobre todo, en el caso de las motocicletas sin placas, ampliamente utilizadas para las extorsiones (consistentes en pagos únicos) o de “derecho de piso”, que son los cobros criminales, cuyos montos se fijan por día, semanas o meses, pero también se utilizan para ejecuciones de enemigos o de quienes se niegan a ser extorsionados.
Estos vehículos permiten a los criminales huir con facilidad y no ser detenidos; sobre todo, en vialidades y calles de tráfico intenso, por lo que retirarlo de la circulación hasta que se regularice y así los delincuentes que los utilizan puedan ser más fácilmente detectados, es la demanda social, en la estrategia general de la construcción de la paz.
