*Abogados consideran que certificados o no, tienen derecho a litigar en tribunales.
De la redacción
La decisión del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad, Ricardo Sodi Cuellar, de condicionar el ejercicio de los abogados en los tribunales del Poder Judicial a la obtención de una certificación, fue considerada violatoria de la Constitución.
Un grupo de abogados, quienes solicitaron no citar sus nombres, para evitarse represalias, sostuvo que esa exigencia viola el derecho constitucional al trabajo honesto de los licenciados en derecho.
Consideraron positivo que se combata al “coyotaje”, como se le dice a quienes litigan en los juzgados de todas las ramas del derecho, sin tener título profesionales, inclusive muchas veces ni ingresaron siquiera a la carrera.
El problema con estos “coyotes” es que carecen de ética, estafan a clientes de buena fe, por lo que erradicarlos es conveniente y socialmente útil, pero exigir la certificación atenta contra el derecho constitucional al trabajo.
Está bien que se pida el título y la cédula profesionales para poder litigar en los tribunales, porque eso da garantía a los defendidos de que están en manos de quienes saben de derecho, coincidieron en señalar los entrevistados.
No obstante, reprobaron el requisito de la certificación, porque en el caso del título, los conocimientos fueron acreditados y certificados por las universidades, mientras las autoridades administrativas de la materia también verifican la adquisición de conocimientos para otorgar la cédula profesional, se quejaron los dedicados al ejercicio de la abogacía en el Estado de México.
Los inconformes con la medida advirtieron que Sodi Cuellar no sólo quiere atentar contra el derecho al trabajo honesto y lícito, sino también sustituir a las universidades y a las instituciones educativas que otorgan la cédula profesional.
La certificación la hará el propio Poder Judicial del Estado de México, y además, tendrá un costo, no será gratuita, aseveraron los abogados de varias regiones del Estado de México.
Por certificar a los abogados, quienes sólo en estas condiciones podrán litigar en juzgados de primera instancia y en salas unitarias y colegiadas, el Tribunal Superior de Justicia cobrará más de 20 mil pesos a cada uno, informaron los entrevistados.
De la misma forma consideraron que si el Poder Judicial mexiquense conoce casos de corrupción de abogados postulantes, lo que debe hacer es denunciarlos, porque todos y todas, pero más las autoridades, están obligadas a darle a conocer a las autoridades competentes cuando conozca conductas que pueden ser constitutivas de delito.
No hacerlo es convertirse en cómplice, recordaron los conocedores del derecho e insistieron en que condicionar el ejercicio de la abogacía a una certificación por parte del propio Tribunal Superior de Justicia es inconstitucional, y adelantaron que si se insiste en esa decisión, se combatirá mediante amparos.
