COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
CASO “COAHUILA” DESNUDA HIPOCRESÍA DERECHISTA:
PRI Y PAN SE REPARTIRON ÓRGANOS AUTÓNOMOS
La ruptura del PRI y el PAN en Coahuila puso al desnudo la gran hipocresía de esos partidos, los cuales gritan a los cuatro vientos que defienden al Poder Judicial, y específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a los órganos con autonomía constitucional, como el IEEM, pero en ese estado norteño, sin rubor alguno y cínicamente, se repartieron cargos de órganos autónomos y en el propio Poder Judicial coahuilense.
El convenio de coalición entre ambas organizaciones políticas opositoras para el proceso para elegir gobernador incluyó el reparto de cargos públicos, desde secretarías, subsecretarías, direcciones, subdirecciones, cargos en organismos descentralizados y desconcentrados de carácter estatal.
La distribución de “chambas” llegó hasta direcciones de planteles escolares, cuyos nombramientos tienen normas expresas, y no pueden expedirse sin tomar en cuenta el perfil pedagógico del candidato, y mucho menos ser objeto de negociaciones para convenios de coalición entre partidos.
El contenido del convenio PRI-PAN lo difundió el dirigente estatal de este último partido, Marko Cortés, en su denuncia de incumplimiento de varias cláusulas. Al PAN le debía corresponder el 20 por ciento de estas posiciones institucionales, varias candidaturas a alcaldes, incluido la para Torreón, y diputados locales.
Manolo Jiménez, ahora gobernador, sostiene que el blanquiazul se comprometió a aportar un 20 por ciento de la votación total para obtener ese porcentaje de cargos, pero apenas contribuyó con un 6 por ciento, por ello y a juicio del mandatario, quien incumplió el convenio de coalición fue el panismo. De ahí que no tiene derecho a exigir todas las candidaturas a gobernantes municipales y representantes populares.
En los grandes medios informativo se difundió ampliamente la ruptura de la coalición PRI-PAN, y se hizo referencia a que el motivo fue el incumplimiento de compromisos por parte del segundo partido, pues los votos aportados representaron sólo el 30 por ciento de los ofrecidos. El desacuerdo fue fundamentalmente por la candidatura a alcalde de Torreón, donde en la elección de gobernador el PRI logró 38 mil sufragios, mientras el PAN sólo llegó a 12 mil.
En esas condiciones, el gobernador decidió que el priista que ocupa actualmente la alcaldía de Torreón fuera candidato a reelegirse y que lo mismo hiciera el panista que encabeza el cabido de Monclova. El PAN no aceptó y ahora cada quien presentará candidatos propios. Se enfrentarán los aliados en Coahuila.
Dicho reparto de cargos administrativos es legal en las coaliciones, independientes de si una organización política se “agandalla” a otra, pero eso no es lo verdaderamente grave en el caso de Coahuila, sobre lo cual guardan silencio absoluto los medios informativos y los constitucionalistas opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino algo mucho más grave: la distribución de cargos en órganos autónomos y en el propio Poder Judicial del Estado, algo que le quita la máscara a la bandera de los dos partidos de defensa de los órganos con autonomía constitucional.
Efectuaron una marcha en defensa del INE y en las tribunas del Senado y la Cámara de Diputados Federal acusan al presidente López Obrador de atentar contra la autonomía, pero PAN y PRI violaron en el convenio la autonomía del Instituto de Transparencia y de otros entes públicos, que asignaron al PAN; y también atentaron contra el Poder Judicial de esa entidad, al comprometerse el gobernador a ratificar a un magistrado panista. En el convenio, los dos partidos que hipócritamente se rasgan las vestiduras por un supuesto intento del mandatario federal de debilitar al Poder Judicial Federal, violaron la división de poderes de Coahuila, con esa cláusula del convenio.
Las dos organizaciones políticas opositoras se quitaron la máscara y evidenciaron que lo de su defensa de la autonomía constitucional de los órganos y de la división de poderes es una farsa. Estos puntos del convenio no lo difunden y mucho menos comentan los periodistas opositores al presidente López Obrador y los expertos en derecho constitucional.
