*Buscan convencer a funcionarios de seguirles rentando computadoras chatarra.
De la redacción
La subcontratación como esquema de saqueo del erario estatal, prevaleciente durante décadas, se niega a desaparecer, y sus beneficiarios tratan de convencer a funcionarios de la 4T de mantenerlo, en perjuicio de las finanzas públicas estatales.
Como en esta sección se ha sostenido desde la aparición de “El Espectador”, la corrupción no sólo reviste las formas de compras de bienes, servicios y arrendamientos con despiadados sobreprecios, como el caso de Roberto Madrazo Pintado en el ISSEMYM, y en las obras públicas, sino que su modalidad más perniciosa es el “rentismo” de bienes y servicios.
De acuerdo con información de servidores públicos de alto nivel del nuevo gobierno, se ha detectado que la privatización de herramientas para el funcionamiento de la administración pública es una de las expresiones más brutales de la corrupción, por los sobreprecios descomunales con que se rentan esos bienes.
Los contratos de proyectos de prestación de servicios (PPS), a los cuales se agregó la modalidad de asociación público-privada (APP), dejó en manos de empresarios rapaces actividades que deben desarrollar las instituciones, como la rehabilitación, conservación y mantenimiento de carreteras, la compra de vehículos y las asesorías externas, cobradas varias veces por encima de los precios de mercado.
Un ejemplo de estos mecanismos utilizados en el anterior sexenio para el saqueo fue la renta de equipos de cómputo, los cuales pudieron ser fácilmente adquiridos y a precios económicos directamente por el gobierno, pero no lo hizo, para beneficiar a amigos o a empresas propias de los altos funcionarios.
Computadoras que en el mercado de menudeo valen 6 mil pesos, para efecto de los contratos leoninos y por mayoreo, se aceptó su cotización en 25 mil pesos; es decir, 300 por ciento más. Y a partir de estos precios se calcularon los monos de las rentas anuales. Lo mismo ocurrió con la renta de vehículos.
De acuerdo con la fuente oficial consultada, el problema es que los rapaces saqueadores pugnan por mantener ese esquema. Y lo peor, con computadoras de seis años de antigüedad, obsoletas, de vieja tecnología, que desde hace unos dos años debieron ser desechadas como vil “chatarra”.
Tratan de convencer a funcionarios de mantener los contratos; es decir, el saqueo del erario, como en sus mejores tiempos, cuando se beneficiaron con la complicidad y reparto de beneficios económicos ilícitos con los gobiernos neoliberales corruptos.
La corrupción en los contratos de compras de bienes y servicios incluyeron sobreprecios, uso de empresas “fantasmas” (como lo ha detectado el OSFEM) para expedir y cobrar facturas, la no entrega completa de los bienes y servicios cobrados, obras no ejecutadas y pagadas y la mala calidad de materiales utilizados en su construcción. Con el colmo del servicio de mantenimiento de carreteras y vialidades, que los ejecutaba el propio gobierno, pero los pagaba a particulares.
