COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO
LAS FUERZAS ARMADAS FEDERALES DEBEN GARANTIZAR
SEGURIDAD A ACAPULCO; QUIEREN DESAESTABILIZARLO
En el problema de la afectación del transporte urbano de pasajeros en Acapulco, hay más que el delito de extorsión por parte de grupos criminales. Existen indicios de que se trata de un intento de desestabilizar al puerto, a la entidad guerrerense y a varios estados del país, con propósitos políticos, en este año de elecciones trascendentes para el futuro de México. No son casuales los actos de extrema violencia, mayor a los que ocurrían a mediados del 2023.
Para el caso específico del balneario guerrerense, el más popular y con mayor historia como destino de playa del país, la paralización del transporte por órdenes de grupos delictivos, justo cuando hay una fuerte presencia de cuerpos federales de seguridad no tiene explicación lógica, tomando en cuenta que no se presenciaron grupos violentos obligando a los operadores a dejar de prestar el servicio a los pasajeros y paseantes, como sí ocurre en suelo mexiquense cuando los transportistas se disputan rutas y paraderos.
Dichos operadores de autobuses, combis y autos de alquiler sostienen que recibieron órdenes de no laborar y, extrañamente, fueron muy obedientes y disciplinados con los maleantes. Se trató más bien de una crisis derivada de una sicosis, que las autoridades locales y federales de la materia deben investigar, esclarecer y castigar a los culpables invisibles, porque en ninguna parte de la ciudad y puerto se presenciaron grupos armados obligando a transportistas y sus trabajadores a paralizar el servicio.
La información disponible indica que las amenazas fueron hechas por vía telefónica, por lo cual los servicios de inteligencia y el área cibernética de de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal con relativa facilidad podrían identificar los dispositivos móviles desde los cuáles se ordenó dejar sin servicio a cerca de un millón de habitantes del puerto durante varios días. Los avances tecnológicos en materia de comunicaciones y telecomunicaciones permiten ahora recabar información de este tipo.
Pero las autoridades no deben conformarse con la reanudación y normalización del servicio de transporte. Deben interesarse en desmontar lo que a todas luces fue una provocación bien diseñada y ejecutada con fines que rebasan lo criminal e involucra objetivos políticos de desestabilización de autoridades y de generar un escenario violento en las campañas electorales. Ya hay voces opositoras en los grandes medios informativos que se regocijan con una derrota del apartido en el poder en las elecciones federales y locales de este año, y que lucraron políticamente con la devastación ocasionada por el huracán “OTIS”.
Y son las mismas que están presentando el problema del transporte en Acapulco como prueba del fracaso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y del estatal de la gobernadora Evelyn Salgado, para pedirles a los electores que no voten por sus candidatos el primer domingo de junio. Por obligación legal y por lo que estará en juego el 2 de junio en el país, las autoridades deben esclarecer y castigar lo ocurrido, y garantizar seguridad y los servicios públicos a los acapulqueños.
