DEBE RETOMAR EL ESTADO MONOPOLIO EN
USO DE LA FUERZA Y COBRO DE IMPUESTOS
JORGE ALBERTO LARUMBE
Casi no hay reflexión, ni debate sobre un tema cuyo estudio debería ser prioritario en el análisis de especialistas y de las instituciones: el agravio a las funciones sustantivas del Estado, especialmente a sus facultades irrenunciable del monopolio en el uso legítimo de la fuerza y en el cobro de contribuciones.
Desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, declarada por el presidente Felipe Calderón Hinojosa y puesta en marcha en Michoacán en diciembre del 2006, el embate de las fuerzas de seguridad del Estado, con el uso entonces inconstitucional del Ejército, se generó una situación inconveniente y peligrosa para la sociedad: la dispersión y atomización de los grandes grupos criminales y su incursión en modalidades delictivas antes desconocidas o esporádicas.
La primera fue la construcción de un mercado interno de las drogas, con el narcomenudeo cuyas víctimas fueron y son jóvenes, la mayoría sin trabajo, ni ingresos, quienes para financiar sus adicciones también se volvieron narcomenudistas y asaltantes, para después ser fácilmente reclutados por las células armadas y dedicados a tareas de “halconeo” e ir escalando en el mundo criminal.
Un filón de oro para la delincuencia organizada es la extorsión; es decir, la extracción de fuertes sumas de dinero por una sola ocasión a cada víctima, pero más rentables les resulta el llamado “cobro de derecho de piso”, porque es permanente, sea diario, semanal, quincenal o mensual.
Esta modalidad delictiva, aunque no se repara en ella, constituye un grave atentado al Estado Mexicano en una de sus principales facultades constitucionales y monopolio en la materia: el cobro de contribuciones o impuestos. Ningún particular, ni grupo puede cobrar derechos a otros para dejarlos trabajar o sobre ganancias, que son atribuciones exclusivas de las autoridades fiscales, no delegables a particulares.
La otra grave violación al Estado y a su monopolio del uso legítimo de la fuerza es la presencia de grupos delictivos armados, que se imponen a la población y a las autoridades locales por la vía de la fuerza de las armas, lo cual está prohibido por la Constitución del país y las leyes aplicables.
El monopolio del Estado Mexicano en materia de cobro de impuestos, es vulnerado cuando particulares miembros de organizaciones criminales exigen a comerciantes, productores rurales y profesionistas pagarles sumas para que les permitan desarrollar sus actividades lícitas, y logran sus objetivos.
Los grupos criminales armados y organizados atentan igualmente contra el monopolio del Estado en el uso de la fuerza legítima, al someter a sus víctimas, amenazarlas y despojarlas de dinero y bienes. Combinadas las violaciones a facultades constitucionales de los dos tipos configuran una situación riesgosa, que no debe permitirse y sí, combatirse y erradicarse.
*La situación actual generada por el crimen organizado en el país y en la entidad mexiquense le da validez al comentario publicado.
