COORDENADAS POLITICAS
MACARIO LOZANO R.
NOS COSTARÁN LOS PARTIDO ESTE AÑO MIL 208 MDP:
CADA VOTO DE NAMEM SALIÓ EN EL 2023 EN 610 PESOS
Mientras no se lleve a cabo una reforma constitucional en materia de procesos electorales y organizaciones políticas, los partidos nos seguirán costando mucho y aportando poco en términos de participación de los votantes en las urnas. El gasto es excesivo, y está garantizado, precisamente, por la Máxima Norma del Estado. Puede reducirse el proyecto de presupuesto del Instituto Electoral del Estado de México, pero el monto destinado a las formaciones partidistas es intocable.
Para este año, y nada más por existir y mantenerse, los contribuyentes aportarán 905 millones 407 mil pesos, en números redondos, que les entregará el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). Con esa suma estratosférica pagarán salarios, renta de edificios y todos los llamados gastos ordinarios. Y el gasto seguirá creciendo, porque la partida presupuestal que se les destina la determina el número de integrantes de la lista nominal de electores, que aumenta mucho de un proceso comicial a otro.
Para la búsqueda del voto recibirán 271.6 millones de pesos, pero en conjunto será una suma de mil 207 millones de pesos al año. Se multiplica el número de votantes por un factor relacionado con un porcentaje del salario mínimo, pero el problema y lo oneroso se deriva de que no importa si en una jornada de votación acude a las urnas sólo el 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal: a los partidos se les entregan prerrogativas como si hubieran convencido y llevado a los sitios de emisión del voto al ciento por ciento de quienes cuentan con credencial de electores.
De esta forma, se premia a costa de los contribuyentes la ineficacia de los partidos, especialmente de los minoritarios, cuyas cúpulas están constituidas por vivales de la política, enriquecidos con el manejo patrimonial que hacen de las prerrogativas, y a quienes no les interesa otra cosa más que obtener el 3 por ciento de la votación total válida, para tener acceso a los fondos públicos, que reciben con el eufemismo de “prerrogativas” y participar por cargos de elección popular.
Entre muchos aspectos que deben cambiarse con una reforma electoral está, precisamente, cambiar la fórmula que se utiliza para calcular el monto general el subsidio a los partidos y lo que le corresponde a cada cual; es decir, que la actual fórmula no tome en cuenta toda la lista nominal de electores, sino los votos que se emiten, para motivar a las organizaciones políticas a trabajar con eficacia en la promoción del sufragio y de la democracia.
Si llevan a las urnas al ciento por ciento de los ciudadanos con credencial de elector, que se les den prerrogativas globales por el ciento por ciento, pero si sólo llevan 40 por ciento, deben recibir subsidio por ese 40 por ciento, no como si hubieran motivado la participación de todos los integrantes de la lista nominal. Es absurdo y costoso lo que se ha estado haciendo, y resulta más irracional porque el Estado de México tiene muchas carencias sociales por resolver.
Lo que ocurre en este elevado gasto se parece mucho a los contratos que como presidente firmó Enrique Peña Nieto en tiempos de Luis Videgaray Caso como secretario de Hacienda y Crédito Público, con compañías extranjeras para comprarles energía eléctrica generada con sistemas solares y vientos. Las compañías recibían el pago completo, aunque si por tiempos nublados o falta de vientos nada entregarán o sólo una mínima parte.
Por eso urge una reforma constitucional, pero será extremadamente difícil que una iniciativa prospere, porque para ello se requiere mayoría calificada en la Legislatura Local. La beneficiada sería la comunidad mexiquense, pero los afectados serían los partidos, muchos de los cuales tiene dirigentes cínicos y vividores de la política, por lo que no estarían de acuerdo renunciar al dinero que manejan como si fuera de su propiedad.
