*La propuesta será parte del paquete que presentará el presidente López Obrador.
De la redacción
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, entre las reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero próximo al Poder Legislativo Federal, incluirá la reducción del porcentaje necesario para que el resultado de una consulta popular de revocación o confirmación de mandato sea de acatamiento obligatorio (le dicen vinculatorio).
Actualmente ese umbral es del 40 por ciento, pero el mandatario propondrá que sea del 30 por ciento. En estos momentos si en una consulta popular para conocer el sentir de los ciudadanos sobre la permanencia o alejamiento del cargo del presidente de la república vota el 39 por ciento, no es obligatorio acatar el resultado, aunque el ciento por ciento de quienes voten lo exijan.
Andrés Manuel López Obrador fue el primer presidente en la historia en someterse a una consulta popular para revocación o confirmación de mandato, y el resultado fue abrumador en favor de su continuidad; no obstante, la participación de la ciudadanía no llegó al 40 por ciento, por lo cual, aun cuando todos hubieran demandado su alejamiento del cargo, no hubiera sido obligatorio que lo hiciera.
El mandatario expuso después que en su caso, si la mayoría hubiera pedido que dejara la presidencia de la República, lo habría hecho, aun cuando la participación no hubiese sido del 40 por ciento. En la consulta popular citada, el político tabasqueño logró un respaldo muy superior al que consiguió en las urnas en la elección presidencial que ganó.
Para que prospere esta propuesta se requerirá el apoyo de una mayoría calificada, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados Federal; es decir, es indispensable que la respalden al menos las dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión, y los representantes populares opositores ya anticiparon que no aprobarán el paquete de iniciativa de reformas constitucionales anunciadas por el mandatario.
Tampoco respaldarán la que busca reducir el número de senadores y diputados, y mucho menos, la que propone reducir al 50 por ciento los subsidios, disfrazados de prerrogativas que reciben los partidos, las cuales superarán este año los 10 mil millones de pesos, pues senadores y diputados federales pertenecen a esos partidos.
