*Subsidio para regularizar 1.8 millones de predios. *En Naucalpan 120 mil.
De la redacción
En complicidad con funcionarios federales, estatales y municipales corruptos, en el Estado un millón 800 mil predios construidos y baldíos se encuentran en la irregularidad. No están inscritos en el Instituto de la Función Registral del Estado de México (IFREM), por lo cual sus dueños no tienen seguridad jurídica de propiedad. El diputado local y exalcalde de Naucalpan, Enrique Jacob Rocha, informó que tan sólo en su municipio hay 120 mil propiedades inmuebles en estas condiciones, cuyos propietarios no tienen seguridad jurídica en la posesión.
Esta situación, además de las desventajas que representa para los propietarios de lotes irregulares, porque no tienen seguridad jurídica, ni acceso a los créditos hipotecarios, también impacta negativamente al erario, porque no pagan impuesto predial, lo cual se buscará resolver en forma integral en esta administración estatal.
El problema es grande y crece, tanto así que 270 ejidos fueron poblados por completo en condiciones de irregularidad, según datos estadísticos de la Procuraduría Agraria (federal), encargada de resolver problemas de la materia.
Desde hace medio siglo el gobierno estatal tiene programas de regularización de la propiedad inmueble, pero los avances han sido menores al aumento del problema, por lo cual se acumuló este rezago, el mayor del país.
El Congreso Local aprobó dentro de la Ley de Ingresos estatal un rubro para apoyar la regularización plena de los predios, para lo cual redujo el cobro de inscripción en el IFREM de 27 mil 500 pesos a 2 mil 700.
La falta de dinero ha sido una de las principales causas de la irregularidad, pues las familias afectadas son las de menores ingresos, y esa suma, más lo complicado que resulta el trámite en el organismo, desalienta los esfuerzos para regularizar sus lotes.
El problema fue generado por la complicidad de funcionarios corruptos con dirigentes de organizaciones dedicadas a invadir predios, especialmente desde la década de los sesenta hasta la de los noventa.
Dicho problema de la irregularidad, como lo ha informado “El Espectador”, se agravó por la falta de planeación del crecimiento de la mancha urbana. Se dio en la anarquía, sin licencia de construcción, ni cambio oportuno de uso de suelo.
Los dirigentes de organizaciones invasoras, conocidos también como “paracaidistas”, siempre con apoyo de funcionarios corruptos, vendieron lotes en suelos de propiedad social, en lugares inundables, barrancas y lejos de los centros de trabajo y sin condiciones para la introducción de servicios a costos moderados.
De acuerdo con organizaciones de colonos, como el Frente para la Defensa de una Vivienda Digna, también empresas inmobiliarias en teoría legales, contribuyeron al crecimiento de la irregularidad, porque no legalizaron todas las viviendas que vendieron, además de que construyeron las áreas de uso común y las destinadas a la infraestructura de servicios, ante la indiferencia, protección o complicidad de funcionarios corruptos federales, estatales y municipales mexiquenses.
