*En malas condiciones por la corrupción, tiene la mayor infraestructura médica.
GABRIEL L. VILLALTA
(Primera parte)
El Estado de México tiene la mayor infraestructura para la atención de la salud de todo el país. No hay otra entidad federativa con tantas unidades médicas como aquí, aunque se encuentren en malas condiciones, abandonadas por la corrupción y con diez hospitales sin terminar.
Para atender a los mexiquenses no protegidos por instituciones de seguridad social, el Estado dispone de mil 280 unidades médicas de las cuales mil 203 (94.0%) son centros de salud y 77 son hospitales de segundo y tercer nivel, que en conjunto representan 4 mil 226 consultorios y 4 mil 297 camas. Todas serán transferidas al programa MAS-Bienestar en el Estado.
La Federación mejorará las condiciones de esa infraestructura para servicios médicos, terminará los 10 hospitales cuya construcción fue abandonada desde hace años, garantizará medicinas y consultas gratuitas de calidad y basificará al personal que por años laboraba mediante contratos.
Esta situación la hará cumplir un importante papel en el proceso de refederalización o centralización de los servicios de salud, después de décadas de haber permanecido en manos de los gobiernos estatales.
La entidad mexiquense, por otra parte, tiene el mayor número de habitantes excluidos del régimen de seguridad social, mejor conocida como “población abierta”, con más de nueve millones. No hay otro estado, ni la Ciudad de México con una población total como la que aquí no tiene protección de ninguna de las instituciones de seguridad social.
El proceso de lo que se llamó la descentralización de los servicios de salud a los estados se terminó en septiembre de 1996, después de la firma del acuerdo correspondiente entre la Federación y las autoridades estatales, en el sexenio de Ernesto Zedillo, el 20 de agosto de ese año.
Después de casi tres décadas, la descentralización terminó en un fracaso. No cumplió con los objetivos de acercar los servicios médicos a la “población abierta”, elevar la calidad y proteger a la población más vulnerable.
En el caso del Estadio de México, después de esos malos resultados y del manejo del gobierno estatal, ineficaz, opaco, con altos niveles de corrupción, que desviaba hasta las partidas presupuestales dedicadas a la compra de medicinas (en 2017 el abasto era del 25 por ciento), las actuales autoridades han firmado un acuerdo para la devolución de los servicios a la Federación.
Será la entidad federativa número 23 que entregue la infraestructura y el presupuesto federal que recibía para los servicios, que mejorarán y se expandirán. Y aun cuando existen otros 22 estados que firmaron el convenio, ninguno tiene el peso demográfico, ni tantas unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel, como el Estado de México, por ello contribuirá de manera importante al nuevo modelo nacional de atención a la salud que impulsa el gobierno federal.
En ese marco se dio la reunión de hace unos días en Tecámac de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y Zoé Robledo, director general del Instituto del Seguro Social (IMSS) y responsable de implementar el proceso de centralización o refederalización de los servicios de salud.
Entre los gobernadores que firmaron el acuerdo de descentralización figuran personas sobre quienes se dio mucho de qué hablar después. En la segunda parte de este texto nos referiremos a ellos. (Continuará)
