IRRESPONSABLE Y RAPAZ, EL
NEOLIBERALISMO: CASO SALUD
CORRUPCIÓN Y DESINTERÉS POR LA SALUD DE
LOS POBRES FRUSTRÓ LA DESCENTRALIZACIÓN
En septiembre de 1996, hace cerca de 28 años, se consolidó y concluyó el proceso de descentralización de los servicios de salud, que entonces brindada el gobierno federal a la población más pobre. Fueron transferidos a las autoridades estatales, porque se consideraba que, por estar más cerca de los beneficiarios, conocer mejor sus problemas y disponer de su confianza, mejorarían la calidad de la atención.
El gobierno de la República, con Ernesto Zedillo Ponce de León como presidente, entregó a los estatales toda la infraestructura, desde centros de salud hasta hospitales de primer y segundo nivel. De la misma forma, cada año les destinó fondos proveniente del presupuesto general de la federación.
Nadie podía estar en contra de los objetivos de la descentralización, mucho menos con la elevación de la calidad de la prevención y curación de las enfermedades de quienes por no trabajar para un patrón carecían de acceso a los servicios médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del ISSSTE o de ningún otro sistema estatal de seguridad social.
Era y es necesario contar con sitios para atender las enfermedades de quienes no gozan de esta protección, ni tienen ingresos suficientes para pagar a médicos privados. Por eso se pensó y creyó que con recursos presupuestales aportados por el gobierno federal, más las condiciones de cercanía con los gobernados, se tendría garantizado el mejoramiento de los servicios médicos.
Cerca de tres décadas después la descentralización fracasó. Los gobernadores, la casi totalidad, corruptos, ingresaron los fondos federales a sus tesorerías, como ocurrió al último con los dineros públicos del “Seguro Popular”. Les dieron el carácter de “fondos de libre disposición”, y en el mejor de los casos, se desviaron a atender otros problemas; en el peor, se los robaron para enriquecerse ilícitamente.
La infraestructura para los servicios de salud para la población marginada del sistema de seguridad se abandonó, se deterioró y el dinero se esfumó. La corrupción y el nivel de rapacidad llegó a tanto que se robaron los fondos que estaban dedicados a la compra de medicinas para la población más pobre.
El contratismo inundó los servicios de salud, con la renta a precios exagerados de laboratorios, equipos de rayos X, ambulancias, quirófanos, el surtido de recetas en farmacias privadas, la mala atención de los enfermos, la contratación de miles y miles de “aviadores” y el desabasto de medicamentos.
El Estado de México fue ejemplo de ello. Además de todas estas modalidades de corrupción, durante el sexenio de Eruviel Ávila Villegas se quedaron con los descuentos para el pago del Impuesto Sobre la Renta. El abasto de medicinas cayó hasta el 25 por ciento, sin que medio informativo alguno armara un escándalo.
En este escenario el actual gobierno federal tomó la decisión de volver a centralizar la atención médica para la población abierta, que en el caso del Estado de México, supera los nueve millones de personas.
