*Violan la constitución los ministros, para defender intereses ajenos al pueblo de México.
De la redacción
Los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales, de un plumazo y con violaciones graves a la Ley de Amparo y al Reglamento Interior de la institución, declararon inconstitucional la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por el Congreso de la Unión en marzo de 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ampararon, contra el interés general de la Nación, a compañías generadoras de energía eléctrica.
Fueron más allá que lo establecido por la reforma constitucional de Enrique Peña Nieto, la cual reservó para el Estado las actividades de planeación y control del servicio eléctrico nacional y la conducción y distribución de la energía eléctrica, al considerar que violan los principios de libre competencia y sana concurrencia.
Para efectos prácticos, la resolución de los dos ministros, Pérez Dayán, presidente de la segunda sala, y Aguilar Morales, expresidente de la SCJN y conocido por sus convivios con delincuentes de cuello blanco (Juan Collado, Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Diego Fernández de Cevallos y Rosario Robles, entre muchos otros) profundizó la reforma neoliberal en el tema y suprimió la rectoría del Estado en materia de energía eléctrica.
Votaron en contra de la propuesta Pérez Dayán las ministras Lenia Batres Guadarrama y Jasmín Esquivel Mossa, quienes destacaron que, en cuanto hace a la conducción y distribución de energía eléctrica, las empresas “Recursos Solares PV de México”, “BNB Villa Ahumada Solar”, “Engie Abril PV”, “Eólica Tres Mesas 4”, “Tractabel Energía de Pánuco” y “Tractabel Energía de Monterrey”, no eran afectadas por la norma impugnada en el recurso de revisión 164/2023, dado que no conducen, ni distribuyen energía eléctrica, sino sólo la generan
Sobre las violaciones graves al procedimiento del asunto, señalaron que, al empatar dos votos a favor y dos votos en contra, no procedía el voto de calidad del ministro ponente y presidente de la sala, porque la Ley de Amparo no autoriza ese mecanismo cuando se trata de votar para resolver el fondo del asunto, como fue este caso, por lo que Pérez Dayán no podía tener voto de calidad; es decir, en contra de las propias normas de la Institución Pérez Dayan tomó la justicia por sus manos y rompió de manera ilegal el empate.
El ministro impulsor del proyecto de resolución utilizó ilegalmente el voto de calidad y así deshizo el empate y profundizó la reforma constitucional neoliberal del 2013, que no estaba a discusión, porque desconoció la reserva de actividades exclusivas del Estado en materia de energía eléctrica, y en forma hasta constitucionalmente grosera amparo a compañías privadas que ni siquiera son afectadas por esas disposiciones constitucionales y, por tanto, no eran sujetos de interés jurídico en la materia.
Colocó a la Comisión Federal de Electricidad al mismo nivel que las compañías privadas, sin facultades para ejercer la rectoría del Estado en la materia. Así, dos ministros hicieron ilegalmente mayoría como si fueran tres -con el voto de Peréz Dayán valiendo, a su juicio, el doble que el de sus pares- y echaron abajo lo aprobado por un Congreso de la Unión integrado por 128 senadores y 500 diputados federales.
Otra violación al Reglamento Interno fue el del rechazo a la petición de la ministra Lenia Batres Guadarrama para que se pospusiera la discusión y votación, a fin de que tuviera tiempo de leer a fondo el asunto de gran relevancia. El artículo 48 de esa norma interna obliga a posponer el trámite si lo solicita ministra o ministro, pero Pérez Dayán rechazó anti-reglamentariamente la solicitud.
La segunda sala de la SCJN sesionó sin uno de sus integrantes. El ministro Javier Laynez Potisek se escusó de participar, porque la Secretaría de Economía (SE) solicitó que así fuera, pues en el 2013, como funcionario público del gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó la reforma eléctrica constitucional neoliberal que profundizó la privatización del sector eléctrico. Laynez era juez y parte en el caso, y si la SE no señala esa grave condición, el ministro habría votado a favor del proyecto que él mismo impulso.
