*La mano dura contra la delincuencia ha sido clave en la estrategia política del mandatario salvadoreño.
De la redacción
Nadie puede cuestionar el componente democrático en el arrollador triunfo de Nayib Bukele, presidente salvadoreño reelecto el pasado fin de semana para un período de 5 años, que terminará en el 2029. Aplastó a los partidos tradicionales, el derechista ARENA y el izquierdista “Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), que fueron relegados a la irrelevancia.
La situación de El Salvador ofrece muchas lecciones, y la principal es que los votantes de aquella nación prefieren la seguridad pública a cualquier otra alternativa y opción, lo cual se explica por lo vivido hasta antes del arribó el ahora presidente reelecto en momentos cuando la nación centroamericana -con menos población que el número de votantes en la lista nominal mexiquense- estaba convertida en una de las más violentas del mundo.
Esa situación y el deseo que no vuelvan más esos tiempos, afianzo a Bukele como gobernante, sin importar la falta de desarrollo económico y de bienestar, ni el endeudamiento y mucho menos la violación masiva de los derechos humanos, condenada con mucha razón fuera del país, pero no rechazada y aceptada o soslayada internamente, explican su victoria en las urnas.
Como ejemplo, en abril cumplirá dos años gobernando con la figura de “régimen de excepción” que, en la práctica, dejó sin efecto las garantías constitucionales individuales, porque los cuerpos de seguridad salvadoreños pueden detener a cualquier persona sin necesidad de una orden de aprehensión, ni siquiera ser informada el motivo del arresto y puede ser incomunicada, sin derecho a un abogado.
Cada vez la representación popular de ese país prorroga el estado de excepción, y con mayor facilidad lo hará en el futuro, porque su partido “Nuevas Ideas” también ganó casi todas las curules. En El Salvador, con una población de menos de la mitad de la mexiquense, tiene presas a 76 mil personas, de las cuales cerca de 70 mil están sin recibir sentencia. Representan el 90 por ciento de la población carcelaria total.
Para dar una idea de lo que eso significa, en proporción es como si en el Estado de México existieran 160 mil presos, y apenas anda por los 33 mil, hacinados y en condiciones alarmantes en algunos casos. Todas estas situaciones deben examinarse para entender la prioridad que le dan los salvadores a la seguridad pública, y debe conducir a otros gobiernos latinoamericanos a ser eficaces en la lucha contra la delincuencia, sin violar los derechos humanos.
