*Quienes ingresaron a laborar en 1997, al jubilarse iban a recibir 27% de su ingreso.
GABRIEL L. VILLALTA
Fue criminal el daño ocasionado por el presidente Ernesto Zedillo a millones y millones de trabajadores, con su reforma laboral de 1997. Cuando éstos se jubilaran iban a recibir apenas el 27 por ciento de su último salario. Con la Ley de 1973 el monto de las pensiones era del 89 por ciento de la última paga como fuerza laboral activa.
Un análisis de “El Espectador” a la información estadística difundida por la presidencia de la República, para explicar por qué presentó una iniciativa de reforma constitucional en materia de pensiones, detectó que la injusticia se corrigió en parte con la reforma del 2020, y en estos momentos quienes se jubilen tienen garantizado el 44 por ciento como monto de pensión, comparado con su último salario.
No obstante, no llega aún ni a la mitad de lo que presentaban las pensiones regidas con la Ley del IMSS de 1973, abrogada por Zedillo para privatizar el sistema pensionario y convertirlo en negocio privada a costa de las condiciones de vida de los asalariados cuando se retiraran, lo cual comenzará en el 2027.
El daño que ahora busca revertirse con la reforma constitucional en materia del trabajo tiene como objetivo garantizarle gradualmente a los jubilados mejores pensiones, hasta llegar al ciento por ciento, con tope de 16 mil 777 pesos mensuales, promedio de los trabajadores activos inscritos en el IMSS.
Para dar una idea de los estragos que la reforma laboral de Zedillo iba a ocasionar en las condiciones de vida de quienes comenzaron a laborar en la iniciativa privada a partir de julio de 1997 y que comenzarán a jubilarse en el 2027, un asalariado que al momento de pensionarse ganaba 10 mil pesos mensuales, recibiría una pensión de 2 mil 700 pesos al mes, según lo planeado por Zedillo.
Este ingreso iba a representar un recorte de 7 mil 300 pesos mensuales para una persona que vivía con 10 mil pesos y que adicionalmente sería (será) de la tercera edad. Este daño lo causaría Zedillo, 27 años después de dejar la presidencia, y nadie le reprocha esta decisión inhumana frente a la familia asalariada del país.
Las autoridades federales buscan rescatar a más de 22 millones de asalariados, con una reforma que exigirá un sacrificio fiscal, para lo cual destinan 60 mil millones de pesos como capital semilla, que se complementará con la venta de bienes decomisados a la delincuencia organizada y a la delincuencia organizada de cuello blanco, y que maneja el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, venta de terrenos de Fonatur, entre otras fuentes.
Por razones políticas y electorales, esta reforma es la única que de antemano apoya la oposición. La propuesta incluye también reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, de Felipe Calderón, que siguió el ejemplo de Zedillo, y privatizó el sistema pensionario de los servidores públicos federales, que sin los cambios propuestos, al jubilarse iban a recibir el 60 por ciento de su último salario.
