*Era el funcionario de mayor confianza del entonces presidente Felipe Calderón.
De la redacción
Esta semana, en un tribunal de Miami, Florida, se reanudará el juicio promovido por el gobierno mexicano contra Genaro García Luna, por un daño patrimonial al país por 634 millones de dólares, perpetrado mediante decenas de empresas que sólo servían para ocultar el origen ilícito de los fondos.
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que el daño ocasionado al erario se perpetró mediante contratos para servicios diversos tipos, para la vigilancia en el organismo descentralizados que administra los penales federales del país, lo cual ocurrió durante y después del tiempo en que el acusado fuera secretario de Seguridad y hombre de toda la confianza del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
El funcionario federal explicó que todos los contratos firmados fueron en dólares y pagados en la misma divisa estadounidenses, en un esquema bien planeado, porque no utilizaban instituciones del sistema bancario mexicano, sino que casi en automático los fondos pagados por las autoridades mexicanas eran sacados del país.
Preferían bancos de Barbado, desde donde se triangulaban a los Estados Unidos, a cuentas de empresas creadas para ello, porque nada producían; es decir, no tenían actividades productivas. No fabricaban nada de lo que García Luna vendía a las autoridades carcelarias dependientes de la Secretaría de Gobernación.
Gómez Álvarez se mostró confiado en que las pruebas complementarias que presentarán en el tribunal de Miami, Florida, sean suficientes para obtener un fallo favorable a los intereses de México; sobre todo, porque está probado que los contratos fueron lesivos para el gobierno y que se constituyó por parte de García Luna un esquema para el fraude y “lavado de dinero”.
Sobre el caso del sistema de espionaje “Pegasus”, comprado también por García Luna, explicó que la UIF no tiene facultades para investigar su posible mal uso, y que su intervención en el asunto fue para acreditar que la compra fue fraudulenta, porque se adquirió con excesivo sobreprecio, en perjuicio del patrimonio público.
