*La impunidad ha imperado en estos casos.
De la redacción
Servidores públicos estatales, municipales y de organismos auxiliares de los dos órdenes de gobierno, además de los órganos autónomos, fueron perjudicados por el incumplimiento de la parte empleadora de entregar sus cuotas para el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
No hay explicación y mucho menos justificación para dejar de entregar las cuotas como instituciones empleadoras y las descontadas a los servidores públicos, pero al no hacerlo afectaron de miles y miles de trabajadores, porque el ISSEMYM les negó servicios médicos y entregarles otras prestaciones, por registrar fuertes rezagos en las cuotas el organismo.
La diputada local Rosa Mendoza, quien participa en el acopio de información para darle mayor contundencia a las acciones sancionadoras a las autoridades omisas, destacó que esta falta de responsabilidad se tradujo en un aumento del 76 por ciento en el rezago de pago de cuotas para el Instituto.
Y el pasivo de autoridades con el ISSEMYM creció de 2 mil 957 millones de pesos en el 2020 a 5 mil 215 millones de pesos, por lo cual además de afectar el derecho a la salud de los afiliados al organismo, también impactó aspectos fundamentales como las futuras pensiones, que se determinan por el cumplimiento de semanas cotizadas.
El problema es grave y se tipificará como delito, porque el apoderamiento de cuotas y su destino a un uso distinto es una clara desviación de fondos públicos, pues las aportaciones institucionales siempre han estado incluidas en los presupuestos anuales de egresos; es decir, se trata de erogaciones previstas y autorizadas.
En el caso de las cuotas de los servidores públicos, se trata de un robo, así sea temporal, pero que los afecta mucho en sus derechos como afiliados al ISSEMYM, con la agravante de que son víctimas por partida doble: al perder derechos enel organismo y ver afectada su situación de cara aal tiempo en que se jubilarán y recibirán una pensión.
Finalmente y después de décadas de darse el fenómeno, este comportamiento de las autoridades empleadoras será erradicado mediante la tipificación de delitos de la falta de entrega de cuotas retenidas y de sus aportaciones, uno de los muchos factores que contribuyen a la actual crisis financiera y especialmente en el sistema de pensiones, que se agravó en perjuicio adicional de los trabajadores con su privatización.
