*Se trata de una reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados Federal.
De la redacción
El delito de extorsión en todas sus modalidades será incluido en el catálogo de delitos graves, con prisión preventiva oficiosa y como propio de la delincuencia organizada, de acuerdo con la reforma constitucional de la materia, presentada por el residente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados Federal.
La secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que la extorsión es de los pocos delitos de alto impacto que va al alza en el país, y en enero de este año creció 7.7 por ciento, en comparación con enero de 2023, y los cambios constitucionales y legales propuestos buscan erradicar el ilícito.
Dicho delito será considerado grave, independientemente de la modalidad que se utilice; es decir, desde el engaño con promesas de ofertas, perpetrado por teléfono, hasta el cobro de “derecho de piso”, el “gancho” de los préstamos, amenazas a la integridad física de las víctimas, sus familiares e instalaciones de los negocios.
Estos delitos generalmente son cometidos por células criminales organizadas para extorsionar, por ello sus autores serán sujetos de la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada, que también será reformada, si se aprueba la constitucional. Esta iniciativa de cambio constitucional, junto con los relacionados con las pensiones y salarios de los trabajadores, es de las que tienen prácticamente asegurada su aprobación, porque ningún partido representado en ambas cámaras del Congreso de la Unión se opondrá, hasta por conveniencias políticas y electorales darán su voto a favor.
En el mismo catálogo de delitos graves estará la extorsión que se hace mediante la amenaza de difundir en Internet fotos que podrían afectar el nombre de las víctimas, y que el combate a la extorsión incluirá la reacción de grupos especiales de inteligencia y el fortalecimiento de la coordinación de los cuerpos de seguridad federales, estatales y municipales.
La actual legislación penal aplicable no tiene tipificado como delito grave, merecedor de prisión preventiva oficiosa a la extorsión, por lo que cuando los extorsionadores son detenidos, obtienen la libertad con alguna medida cautelar, pero vuelven a incorporarse a las actividades criminales, lo cual ya no ocurrirá si se aprueban estas reformas propuestas por el presidente López Obrador.
