*Ese monto incluye prerrogativas federales y de las entidades federativas.
De la redacción
Los partidos políticos y los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales de la Federación y los estados costarán este año 72 mil 294 millones de pesos a los contribuyentes, para convertir a la democracia mexicana en una de las más caras del mundo, según informó Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación..
Reducir al 50 por ciento este gasto, suprimir los institutos y tribunales electorales de las 32 entidades, crear el Instituto Nacional Electoral y de Consulta y un Tribunal electoral único para elecciones federales y locales, desaparecer las diputaciones federales y locales de representación proporcional, 64 senadurías de primera minoría y plurinominales, son los principales puntos de la iniciativa de la reforma constitucional en materia comicial.
Para dar una idea de lo que representa el gasto electoral, basta recordar que los 72 mil 294 millones de pesos superan con 8 mil millones de pesos el presupuesto que este año ejerce el gobierno del estado de Hidalgo.
Esa entidad federativa dispone de 64 mil 290 millones de pesos, para atender las necesidades de obras, servicios públicos, programas sociales y obras de infraestructura para el desarrollo de un población de 3 millones 265 mil habitantes.
La propuesta, a la cual se oponen los partidos de oposición, reduciría a la mitad el dinero que reciben del gobierno federal y de los estatales, conocido con el eufemismo de “prerrogativas”.
Alcalde Luján explicó que, igualmente, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador propone suprimir las 459 diputaciones locales de representación proporcional y el número de miembros de los cabildos.
Hay ayuntamientos, como el de Monterrey, que tiene más de 30 y también existen ayuntamientos en los cuales los alcaldes, síndicos y regidores ganan más que el presidente de la República, violando la Constitución.
De la misma forma se pide que el número de integrantes del Consejo del INE se reduzca de 11 a 9 y su período, de 9 a 6 años, y el cuerpo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9 integrantes.
Otra propuesta importante es la que modifica el umbral de votación requerida para que el resultado de una consulta nacional de revocación de mandato sea de acatamiento obligatorio (indebidamente le dicen “vinculatorio”, cuando este no es sinónimo de obligación).
En la actualidad está fijado en un 40 por ciento de participación ciudadana en las urnas. Piden se baje al 30 por ciento, y que se efectúen en la misma jornada de votación de las elecciones intermedias.
Otro tema polémico es el de la iniciativa para que ministros de la SCJN, magistrados y jueces sean de elección popular.
