*Durante sexenios se incumplió la obligación tributaria, sin consecuencia alguna para los culpables.
De la redacción
El Poder Legislativo Local sentó las bases legales para poder sancionar con penas de hasta 7 años y 6 meses de cárcel a los funcionarios públicos que omitan entregar las cuotas de los empleados de los poderes estatales, municipales, de órganos autónomos y auxiliares estatales y municipales al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM).
La reforma al Código Financiero del Estado de México y Municipios incorporó la figura de defraudación fiscal para la no entrega de esas cuotas, y dejó a funcionarios del Instituto la obligación de denunciar penalmente a los omisos en la materia, quienes ahora incurrirán en responsabilidad si no cumplen.
Los cambios fueron aprobados por unanimidad, tres años después de que se presentaran por primera vez y a dos años de que volvieran a proponerse; es decir, durante el sexenio de Alfredo del Mazo Maza no hubo interés en legislar en esta materia, ni siquiera por la diputación de Morena, que ha sido mayoritaria, y en un caso que, por tratarse de una ley secundaria y no una reforma constitucional, bastaba la mayoría simple para aprobarla.
En su discusión, en el pleno de la representación popular mexiquense, se destacó que la omisión de la entrega de cuotas de los servidores públicos y las aportaciones de la parte empleadora ocasionó daños a las finanzas del Instituto y a la calidad de los servicios para la salud que brinda a su derechohabiencia.
ISSEMYM atiende a casi 840 mil personas, entre derechohabientes y sus familiares, y tiene problemas tanto para mejorar la calidad de los servicios médicos, como por la falta de medicinas. Además, 5 mil ex servidores y ex servidoras públicas no han podido cobrar sus pensiones desde hace más de dos años, por incapacidad presupuestal del sistema pensionario.
Los poderes estatales, ayuntamientos, órganos con autonomía constitucional y organismos auxiliares llegaron a apoderarse de las cuotas de seguridad social que descontaban a su personal y de las aportaciones que debían entregar al ISSEMYM, con impunidad absoluta, a pesar de que el desvío de fondos públicos etiquetados, como el caso de la partida presupuestal para aportaciones, siempre fue delito.
De acuerdo con lo que se destacó en la sesión de pleno, todavía 24 ayuntamientos adeudan cuotas y aportaciones, y firmaron convenios con el ISSEMYM para pagar en plazos. Sólo una institución, que acumuló un gran rezago, logró ponerse al corriente ya, a pesar de que tenía plazos con intereses, para liquidar su saldo.
