*Al privatizar las pensiones condenó al trabajador jubilado a la miseria.
GABRIEL L. VILLALTA
(Primera parte)
Miguel Alemán Valdés, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto están etiquetados como los más corruptos presidentes de la República de la segunda mitad del siglo pasado y los primeros 18 años del presente.
No obstante, el segundo está “satanizado” y calificado como el peor de los tres, por la entrega de bienes públicos a sus amigos, consolidar el neoliberalismo, depredar el erario, hacer polvo el ahorro de los mexicanos al quitarle tres ceros al peso y generar las condiciones para la crisis de fin de su sexenio.
Su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, en cambio, no tiene una imagen de corrupto, pero sí, de haber estado al servicio de las grandes corporaciones empresariales nacionales y extranjeras y de convertir las deudas privadas de los más ricos en deudas públicas, cuyo pago hacemos los contribuyentes a razón de 45 mil millones de pesos anuales, según un seguimiento de “El Espectador” al tema.
Con todo, el mayor daño ocasionado por Zedillo fue a los trabajadores, al privatizar en 1997 el sistema pensionario, antes administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual condenó a los jubilados a llevar una vida de miseria, por las bajas pensiones, de apenas el 27 por ciento de su última paga como trabajadores activos.
Las actuales generaciones de asalariados, que comenzarán a jubilarse y pensionarse a partir de julio de 2027, ya de la tercera edad y si posibilidades de volver a encontrar ocupación remunerada, iban a recibir de las Afores pagos mensuales inferiores al 30 por ciento de su último salario.
Por si fuera poco, estas empresas administradoras de los fondos para el retiro de los asalariados, pagarían pensiones con lo ahorrado por éstos, y si vivían varios años después de jubilarse y se terminaba lo ahorrado, ya nada recibirían.
Decenas de millones de familias trabajadoras fueron condenadas a vivir con menos de una tercera parte de lo que la jefa o jefe del hogar ganaba al momento de jubilarse. Si ya vivían mal, una reducción de las dos terceras partes del ingreso sería desastrosa para sus condiciones de bienestar, por culpa de Zedillo.
La reforma laboral del 2020 atenuó este negro panorama para las familias trabajadoras que ingresaron al mercado laboral a partir de julio de 1997, pero aun con los avances, su pensión garantizada era del 44 por ciento del último sueldo del trabajador o trabajadora.
De esa magnitud es el daño ocasionado por Ernesto Zedillo Ponce de León a la clase asalariada mexicana, y revertir esta situación y hacerle justicia a los afectados son los objetivos estratégicos de la reforma constitucional en materia laboral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados Federal. De aprobarse, el gobierno deberá aportar dinero a las afores, quienes ganaron ya decenas de miles de millones de pesos por administrar los ahorros de la clase asalariada.
