*El tema ha sido tratado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De la redacción
El viernes 8 de este mes fue asesinado en Chilpancingo, Guerrero, Yanqui Gómez Peralta, estudiante de la normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El autor del homicidio es un policía estatal, quien fue detenido, pero el lunes 11 se fugó en condiciones inexplicables, que parece más bien una liberación ilegal consentida por las autoridades de seguridad pública estatales.
Hay muchos elementos que hace difícil creer que se trató de una muerte ocasionada por la conjugación de circunstancias, y más bien todo parece corresponder a una acción deliberada destinada a desestabilizar al gobierno y al estado de Guerrero, en un momento de alta tensión entre los abogados de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de la misma escuela, en 2014, en Iguala, de la misma entidad federativa y el Poder Ejecutivo Federal y especialmente con su titular, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Llama poderosamente la atención el hecho de que pocas horas después, ya en la madrugada del día 9 la Secretaría de Seguridad Pública estatal ofreciera una rueda de prensa, en la cual sostuvieron que la muerte de Gómez Peralta ocurrió en un escenario de enfrentamiento a tiros con policías, quienes repelieron la agresión y lesionaron de muerte a la víctima.
También ubicaron los hechos en un retén, que no existió, y que los dos jóvenes (en realidad eran tres) normalistas traían armas y se transportaban en un vehículo con reporte de robo. Se demostró que no había armas en la unidad automotora, y por lo mismo no pudieron dispararles a los policías.
De lo del vehículo robado no se volvió a hablar, aunque en este caso cabe la posibilidad de que se haya tratado de una de las unidades que los normalistas acostumbran “retener”, especialmente del transporte público, para trasladarse a sus manifestaciones, pero quedó claro que las autoridades mintieron.
Casi porque no les quedó otra, fueron detenidos los tres policías, pero la Secretaría de Seguridad guerrerense no los puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, como estaba obligada. Los retuvo en sus instalaciones, y posteriormente se escapó quien está señalado como autor material de la muerte del estudiante normalista.
Todo esto ocurrió pocos días después en que radicalizados alumnos del mismo plantel incurrieron en actos de vandalismo y con una camioneta destrozaron una puerta de Palacio Nacional en la capital del país, en claro caso de provocación o de irresponsabilidad, que tensó innecesariamente y sin utilidad las relaciones de las familias de los normalistas desaparecidos con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por si faltara poco, Vidulfo Rosales, uno de los abogados y vocero oficial u oficioso de los padres de los 43 normalista anunció que se manifestarán en los actos de campaña de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, en un despropósito y claro acto de provocación, porque la desaparición de los alumnos ocurrió en Iguala, municipio gobernado por el PRD, en una entidad federativa gobernada también por el mismo partido.
Todos estos acontecimientos se dieron en el marco de la lucha electoral por la nación, y que perjudican al partido gobernante y benefician a la oposición. Pensar que todo es casual, y no producto de un plan (no de los padres de los normalistas desaparecidos) desestabilizador del gobierno guerrerense de Morena e influir en los resultados de las elecciones sería ingenuo.
