COORDENADAS POLÍTICAS
MACARIO LOZANO R.
DEBE ESCLARECERSE SI LA MUERTE DEL NORMALISTA
FUE POR TORPEZA POLICIACA O PARA ELEVAR TENSIONES
Siete días después de la muerte del estudiante normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, a manos de un policía estatal, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda despidió a su secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y a su secretario de Seguridad Pública, general Rolando Solano Rivera.
Demoró en tomar la decisión, probablemente porque en el caso del titular de Seguridad Pública su pertenencia al Ejército demandaba prudencia en su remoción, pero había exigencia de los familiares de la víctima para que se procediera en ese sentido, que era, por lo demás, lo más sensato.
Reynoso Núñez y Solano Rivera habían construido pocas horas después del homicidio de Gómez Peralta una nueva versión, a escala, de la “verdad histórica” del en ese tiempo Procurador General de la República y ahora preso, Jesús Murillo Karam en el caso de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de septiembre de 2014.
En ese tiempo gobernaba al país el priista Enrique Peña Nieto; al estado de Guerrero, el perredista Ángel Aguirre Rivero, a quien, precisamente, Murillo Karam obligó a renunciar a su cargo. Los guerrerenses enterados aseveran que, en realidad, el entonces titular de la PGR aprovechó los trágicos acontecimientos para ajustarle cuentas a Aguirre Rivero.
Murillo Karam era secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando se decidió la candidatura de ese partido para gobernador guerrerense. Aguirre tenía las preferencias electorales, pero Manlio Fabio Beltrones impuso a su incondicional, Manuel Añorve, ahora senador de la República.
Este argumento expuso Aguirre ante los mandos reales y formales del priismo nacional, pero Murillo Karam, poderoso mando del tricolor, firmó un compromiso en el sentido de que quien fuera postulado recibiría el apoyo del perdedor. Había más aspirantes, pero de relleno. Manlio Fabio Beltrones impuso a Añorve, y Aguirre se inconformó e incumplió el compromiso adquirido.
Renunció al PRI, se afilió al PRD, y en las urnas probó que efectivamente él tenía el apoyo popular: aplastó a Añorve, quien, por cierto, es su primo. Murillo Karam se sintió traicionado, y ya como titular de la PGR, aprovechando la desaparición de los normalistas en Iguala, logró cobrar venganza y sacó a Aguirre de la gubernatura.
Con estos antecedentes, es claro que las renuncias de altos funcionarios del gobierno guerrerense, aun cuando tiene en común con la “verdad histórica” de Murillo Karam el que se trató de mentir, presentan otras circunstancias que las autoridades deben investigar a fondo para esclarecer las motivaciones que los ahora ex colaboradores de la gobernadora Salgado Pineda tuvieron para mentir y falsear los hechos, a lo cual se agregó la fuga del policía presuntamente autor de la muerte del estudiante.
Podría ser creíble que el policía homicida actuó por su cuenta, por irresponsabilidad o vocación represora, pero el que los dos ahora ex funcionarios hayan alterado la realidad genera sospechas de que pudo tratarse de una intención de dinamitar la relación de los padres de familia de los normalistas desparecidos; sobre todo, porque no podían desconocer que mentir y distorsionar la realidad iba a generarle problemas a los gobiernos estatal y federal, en un escenario sobrecargado de tensiones.
Por la obligación de hacerle justicia a la víctima y sus familiares, pero también para esclarecer lo que está ocurriendo al interior del gobierno guerrerense y aportar elementos para distender el panorama rijoso de los normalistas y la irresponsabilidad del abogado de los padres de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, quien inclusive amenazó con interferir en la campaña electoral de la morenista Claudia Sheinbaum, no debe quedar nada en la opacidad y sí, aplicar el rigor de la ley a los culpables.
Por cierto, como se citó arriba, cuando los 43 normalistas fueron desparecidos, gobernaba al país el PRI y al estado de Guerrero, el PRD, a cuya candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, no amenaza Vidulfo Rosales de obstaculizar su campaña. Tampoco propició el destrozo de una puerta de Palacio Nacional cuando gobernaba Enrique Peña Nieto, ni se pronuncia sobre la información que debe tener sobre el caso el ahora preso ex procurador.
