*El caso sigue siendo controversial y las recientes investigaciones de la Fiscalía no ayudan a esclarecer el caso.
De la redacción
A medidas que se acerca el aniversario número 30 de la ejecución en Tijuana, Baja California, del entonces candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, abunda nueva información sobre lo ocurrido la tarde de ese 23 de marzo de 1994. Llama la atención el empeño de salinistas, tanto conductores de noticieros de radio y televisión como articulistas y columnistas, por desvincular del tema al expresidente Carlos Salinas de Gortari.
La última información oficial sobre el tema ha sido la difusión del resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre las torturas sufridas por el autor material confeso de ese homicidio, Mario Aburto Martínez, quien dañó mucho al país y de manera indirecta permitió la continuidad del modelo neoliberal por parte de Ernesto Zedillo Ponce de León, a pesar de su ruptura con su antecesor y protector, señalado por la abrumadora mayoría de los mexicanos como el autor intelectual del atentado mortal contra el político sonorense.
Los reporteros que cubrimos en la sala de diligencias judiciales del penal de Máxima Seguridad, denominado entonces “La Palma” y ahora “del Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, escuchamos al imputado de esa muerte denunciar las torturas ante juez titular del juzgado primero de distrito en materia penal federal, con sede en ese tiempo en el Bulevar Isidro Fabela, cerca de La Maquinita y ahora en el Palacio Judicial Federal, localizado en la avenida Nicolás San Juana, por el rumbo del edificio del PRI, al norte de la capital mexiquense.
Sostuvo que fue sacado de las instalaciones de la delegación de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) la madrugada del día 24 de marzo y que un personaje enviado por el presidente Carlos Salinas de Gortari lo interrogó y maltrató físicamente, durante toda la madrugada siguiente al día de la agresión contra Colosio Murrieta.
Fue llevado a una playa, donde fue torturado, no para que se declarara culpable, sino para que imputara a un partido y a un personaje políticos de oposición de haber ordenado la muerte del candidato presidencial del PRI, de quien ahora algunos pocos analistas políticos sostienen que no habría seguido el modelo neoliberal, impuesto 12 años atrás al país, por Miguel de la Madrid Hurtado, ampliado y profundizado por Carlos Salinas de Gortari.
El tema de las torturas fue retomado por un amparo obtenido del juzgado segundo de distrito en materia de amparo del Poder Judicial Federal por el asesino confeso, sentenciado a más de 42 años de prisión. La Fiscalía General de la República investigó y no encontró pruebas que confirmaran la denuncia de Mario Aburto Martínez.
La denuncia expresa de torturas y la participación de un personaje ajeno a la PGR, hecha por de Aburto Martínez, ante la presencia de numerosos representantes de los medios informativos de circulación nacional y local, no fue investigada en su momento. De haber existido, las huellas hubieran sido detectadas o descartadas, si eran mentiras. A 30 años después no podían encontrarla, y la investigación de gabinete a la primera declaración judicial del sentenciado como asesino “solitario” de Colosio no podía encontrar evidencias, porque no se investigó y aclaró en ese tiempo. No hay en el expediente pruebas, ni en un sentido, ni en otro, porque no hubo trabajo indagatorio ni conclusiones hace 30 años.
Una investigación como la efectuada no podía arrojar un resultados distinto, por la falta de evidencias y la imposibilidad material de obtenerlas 30 años después; sin embargo, si podría haber concluido que la acusación de tortura no fue ni investigada, ni atendida como se debía por las autoridades judiciales de ese entonces; es decir, concluir que sí hubo irregularidades en la integración del expediente por las cuales debieron responder en ese entonces quienes intervinieron en el caso.
